La ley de acceso y transparencia de los ciudadanos a la información pública duerme en los cajones del gobierno. La norma, imprescindible para desarrollar el gobierno abierto y aumentar la transparencia administrativa y política, ha quedado arrumbada ante otras urgencias políticas, la discusión de la reforma del canon digital y la recuperación de la ley Sinde contra las descargas con mayor consenso parlamentario.
El acceso a la información pública es indispensable para garantizar el derecho a saber de los ciudadanos, proteger sus libertades, defenderse del abuso y control de sus datos por las administraciones públicas y construir una sociedad más abierta. Obliga a los poderes públicos a responder a los ciudadanos, facilitar información sobre sus actos y ser transparentes y responsables. Una ley para dotar a la democracia de la información necesaria para una sociedad participativa y crítica.
Un enorme cambio de cultura en la administración, la forma de gobernar y el manejo del poder. Una pérdida del control tradicional de políticos y funcionarios para poner la información y los datos en poder de sus legítimos dueños: los ciudadanos. Un desafío ausente de las prioridades de la nueva política de la sociedad de la información que capitanean el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y José Enrique Serrano, jefe de gabinete del presidente Zapatero.
España es el último gran país de la Unión Europea sin una ley de acceso a la información y parece que lo seguirá siendo por ahora. El Ministerio de Industria paliará algo la falta de acceso a los datos públicos tras cerrar una consulta pública para desarrollar la Ley de Reutilización de la Información del Sector Público, que permite a ciudadanos, instituciones y empresas emplear documentos y datos de la administración para crear nuevos contenidos y aplicaciones: de la meteorología al tráfico pasando por las nuevas aplicaciones de realidad aumentada o seguimiento de los gastos públicos.
Algunas comunidades como Euskadi, Cataluña o Asturias y ayuntamientos como Zaragoza o Gijón han puesto en marcha proyectos de datos abiertos (open data), pero sólo el gobierno de Patxi López tiene con Irekia una iniciativa de gobierno abierto para aumentar la comunicación con la ciudadanía y facilitar su participación en la discusión de leyes y políticas.
El Proyecto Aporta es la iniciativa estatal para promover la reutilización de la información pública, pero falta una ley de acceso que obligue a todas las administraciones e instituciones públicas y las obligue a compartir su información con los ciudadanos. Sin ella, la Ley de Reutilización está coja porque son los poderes públicos los que marcan los límites de acceso a los datos y la información.
El anteproyecto de la ley de acceso a la información recibió muchas críticas por sus limitaciones de acceso, tiempos de respuesta y garantías, por la exclusión del proceso legislativo, de la información judicial y de las autonomías. Ahora la mínima apertura necesaria para esa revolución de los datos y gobiernos abiertos que esta misma semana celebraba el ministro Miguel Sebastián en la presentación del informe sobre la sociedad de la información de Telefónica puede quedar estancada entre la falta de voluntad política, la resistencia de las administraciones públicas y un calendario peligrosamente condicionado por las elecciones.
Juan Varela