domingo, mayo 5, 2024
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¡Me han robado la cartera!

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«La agilidad es una excelente condición

Para subir a los árboles,

Pero no para gobernar a los pueblos»

(José Canalejas*)

El Tribunal de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador del Estado, tiene su sede en la calle Fuencarral de Madrid. Es un viejo caserón, construido por Francisco Jareño en 1860, que -quizás alegóricamente- se levanta sobre el solar del que fue palacio del décimo conde de Aranda, el gran liberal del XVIII. Hace sólo un par de tardes, mientras merendaba un café con churros en uno de los pocos bares que quedan en Madrid con oferta de la sabrosa masa frita a todas horas, inmediato al Tribunal, sobre el runruneo de quienes ocupábamos la barra del establecimiento, sobresalió un voz de alarma:

-¡Mi cartera!, ¡me han robado la cartera!

Se refería la víctima a su propia cartera, al billetero en el que llevaba unos pocos euros, la documentación y las tarjetas de crédito; pero, dada la proximidad del Tribunal que preside Manuel Núñez, gallego de pro, pensé por un instante que un grupo cívico, harto del desmedido y contumaz ordeño fiscal, iniciaba con tan significativo grito un movimiento de contestación al Gobierno. Todavía no toca; pero no faltan motivos.

Según ha destapado el diario ABC, en un magnífico trabajo de Ángel Collado, el Tribunal de Cuentas ha encontrado irregularidades de todo tipo -adjudicaciones, vigilancia de inversiones y programas, publicidad de concursos, contratos con monopolios encubiertos…- en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, lo que conocemos como Imserso. En la fecha en que el Tribunal señala esas irregularidades era ministro de Trabajo -Departamento del que depende el Instituto- Jesús Caldera, el sucesor de Eduardo Zaplana y predecesor de Celestino Corbacho.

El Tribunal de Cuentas ya ha remitido a las Cortes su informe sobre el caso y, aunque menos de lo debido, hablaremos de ello en el futuro. La parte más negra de ese informe se centra en los viajes de vacaciones para mayores que el Imserso puso en marcha en tiempos felipistas y que, sin interrupción alguna en el aznarismo, llegan a nuestros días. Con despilfarro e irregularidades, claro está.

La ligereza con la que se gasta el dinero público, y que alcanza su esplendor en el zapaterismo, arranca del enfermizo entendimiento de que ese dinero «no es de nadie». No, es de todos. Es el fruto de la recaudación fiscal. A todos nos cuesta un gran esfuerzo ganarlo y retraerlo de nuestra posibilidad de gasto y ahorro para entregárselo al Estado, la Autonomía que nos corresponde y el Ayuntamiento en que habitamos. En consecuencia, merecería el rigor de su gasto en capítulos no discutibles y de modos incuestionables.

La Seguridad Social y las pensiones integran un capítulo del gasto público que, por su naturaleza, resulta poco discutible en su fundamento, pero muy cuestionable en sus modos y atenciones. ¿Es una función del Estado llevar a Benidorm, o a las islas Canarias, a los viejecitos?

Independientemente de que, como denuncia el Tribunal de Cuentas, esos viajes de vacaciones se hayan realizado de modo irregular, contra lo administrativamente establecido, hay que cuestionarse su conveniencia. La atención a las necesidades básicas de nuestros mayores debe ser un objetivo del Estado de Bienestar que, como gran logro de la socialdemocracia, comparten el PP, el PSOE y la mayoría de los partidos en presencia. Un paso más allá, la organización de su ocio, parece excesivo. Es algo culturalmente dirigista, políticamente electorero y socialmente discriminatorio.

Todos los recursos posibles deben incrementar el monto de las pensiones -las contributivas y las no contributivas- para que el pensionista, cada cual según sus gustos y criterios, organice su vida y su ocio. Lo demás es una función que no compete al Estado, ni a ninguna de las Administraciones, y que, como se ve, da lugar a la corrupción y la irregularidad.

El más provechoso de todos los políticos españoles nacidos en Ferrol (La Coruña, 1854) y, seguramente, el que mejor entendió el problema centrífugo de Cataluña. Regeneracionista a ultranza y, por ello mismo, asesinado por los anarquistas en la Puerta del Sol de Madrid en 1912.

Manuel Martín Ferrand

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