Ésta es la Ley -aprobada en septiembre de 2015 con Mariano Rajoy al frente del Gobierno- cuya aplicación para Cataluña está demandando en estos momentos el líder del PP, Pablo Casado, al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Ambos se reúnen este miércoles en el Palacio de La Moncloa para analizar la situación en Cataluña, marcada por incidentes violentos.
Para aplicar dicha Ley, que en el Congreso se aprobó con el visto bueno del PP y del PSOE, pero no de las fuerzas nacionalistas, se tiene que identificar una «situación de interés para la seguridad nacional». Es el artículo 23.
Situación de interés cuya gestión define el artículo anterior y que sería «el conjunto de actuaciones dirigidas a detectar y valorar los riesgos y amenazas concretos para la seguridad nacional» con el fin de «facilitar el proceso de toma de decisiones y asegurar una respuesta óptima y coordinada».
Así que, detectada una situación de interés por «la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución», el Gobierno dirigirá «la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias».
Añade el artículo 23.3: «La situación de interés para la Seguridad Nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas administraciones públicas».
Justo después pone la Ley el límite: «En ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos».
Si el presidente del Gobierno decide que hay una situación de interés para la seguridad nacional, tendrá que firmar un real decreto, tal y como señala el artículo 24.
En ese decreto se definirá dicha crisis, el ámbito geográfico del territorio afectado, la duración y una posible prórroga. También, si es el caso, qué autoridad funcional supervisará la coordinación, así como la determinación de sus competencias.
El real decreto concretará, además, los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la seguridad nacional.
Este trabajo obligará a «las autoridades competentes», también las de las administraciones autonómicas afectadas.
Hecho todo esto, el Gobierno «informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional».
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