viernes, abril 26, 2024
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La Audiencia rechaza anular la declaración del testigo que inculpa a Zaplana

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La defensa de Zaplana argumentó que Belhot, considerado como testaferro del también exlíder del PP valenciano y exdirectivo de Telefónica, debería tener la consideración de investigado en la causa y no la de testigo.

En un auto, la Audiencia finalmente desestima la nulidad reclamada por la defensa de Zaplana, a la que se adhirió el resto de investigados en el denominado caso Erial.

Según consta en el sumario de esta causa, Belhot gestionó parte de los sobornos supuestamente obtenidos por Zaplana tras el proceso de privatización de las ITV valencianas y confirmó en su declaración que el exministro era el propietario de los mismos.

En el caso Erial, que dirige el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, se investigan delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a un grupo criminal.

Durante una declaración ante ese juzgado, hecha el 25 de enero mediante una videoconferencia desde Uruguay, el abogado reconoció que conoció a Zaplana en 2009 y que durante los años en los que estuvo gestionando los fondos de las empresas pantalla le entregó unos 2,3 millones de euros, procedentes de distintas cuentas, según consta en el sumario.

El abogado explicó que, durante una reunión junto con Zaplana, Joaquín Barceló y Francisco Grau -ambos también imputados- celebrada en 2009, le pidieron opinión para «optimizar fiscalmente» sus empresas inmobiliarias.

Afirmó que la figura del fiduciario «básicamente actúa por otra persona en su nombre y representación, y en algunos casos se hace en forma de contrato o negocio verbal, a fin de mantener la plena confidencialidad».

Señaló que en el presente caso «todos los acuerdos con los tres indicados fueron verbales» y que «no tiene nada firmado con Joaquín Barceló ni con Eduardo Zaplana».

La colaboración de Belhot con la jueza instructora y el fiscal anticorrupción ha permitido a la Justicia recuperar 5,8 millones de euros (en total se han recuperado alrededor de 11) de los 17 que supuestamente obtuvieron de forma ilícita los integrantes de la red. 

 

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