La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este viernes con los votos del PP en el nuevo Código Penal una medida para dificultar el acceso de los corruptos a la libertad condicional si no han reparado el daño causado a la Administración.
«Hemos acordado con el PSOE que los condenados por delitos contra la Administración Pública deban cumplir con sus responsabilidades pecuniarias y reparar el daño causado antes de acceder a la libertad condicional, o de lo contario les será denegada», ha subrayado el diputado del PP Leopoldo Barreda.
Según ha dicho, se trata de una previsión paralela a la ya contemplada en la reforma respecto a los delitos contra Hacienda o la y Seguridad Social, en la que «los condenados no podrán lograr la suspensión de las penas impuestas sin satisfacer sus deudas o reintegrar las ayudas indebidamente recibidas».
Sin embargo, el PSOE ha manifestado que finalmente no ha alcanzado un acuerdo ya que la medida del PP es «menos exigente» que la suya y no queda claro que la devolución del dinero sea un requisito inexcusable para que el corrupto obtenga la devolución condicional.
Financiación ilegal por encima de los 500.000 euros
Así lo ha expuesto el diputado socialista Julio Villarrubia, que ha recordado que su partido en sus enmiendas recogían taxativamente que los jueces no concedan la libertad condicional si los corruptos no «hubieran adoptado todas las medidas para su efectivo reintegro o hubieran facilitado información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio».
«El PP con su propuesta establece que se podrá denegar la suspensión de la ejecución de la pena impuesta para algunos delitos cuando hubiera denegado el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias o el daño causado a la Administración», ha señalado Villarrubia.
El PSOE también ha criticado el elevado umbral de 500.000 euros que contempla el delito de financiación ilegal en los partidos políticos para imponer una pena de cárcel. Si la donación ilegal es inferior se castigará con multa, salvo que el autor sea extranjero para quien el límite es de 100.000 euros.
El Código Penal también establece el fraude fiscal a partir de 120.000 euros, mientras que la oposición ha pedido rebajar esta cuantía. «Los ricos para cometer el delito fiscal deben defraudar 120.000 euros al año, mientras que el pobre, el parado o el trabajador que compatibiliza un trabajo con una ayuda pública comete un delito desde el primer euro», ha criticado el socialista Manuel de la Rocha.