Es una terrible paradoja que en el momento en que los ciudadanos deberían ser más exigentes con sus representantes públicos, aquellos se muestren especialmente escépticos sobre las capacidades de éstos para gestionar debidamente España, llevándola por el buen camino.
El covid-19 ha legado ya una crisis sanitaria, transformada en económica y que deja asomar una depresión social considerable originada por la falta de músculo financiero de las familias y la subida ineludible del desempleo. Y aún con tantos elementos adversos, hay uno más que resulta especialmente descorazonador. Y tiene que ver de forma directa con las medidas que las autoridades pueden y deben tomar, restringiendo las libertades civiles (especialmente -pero no solo- la de movimiento), con el objetivo de evitar que los rebrotes tomen cuerpo y se genere alarma con el aumento del número de muertos, cosa que por desgracia está ocurriendo en las últimas horas.
Es evidente que la enfermedad no se puede distribuir de forma matemática por el conjunto del territorio nacional, y que, por tanto, las medidas a adoptar no tienen por qué ser completamente homogéneas. Sin embargo, agravada la situación por la disparidad de criterios (¿y de intereses?) entre los políticos y los tribunales, como ha ocurrido en el caso de la Comunidad de Madrid, vuelve a generarse la impresión de que el Estado de las Autonomías, a la hora de la verdad, es poco operativo.
Regresa amenazante la sombra de si se prohibirá el tránsito entre regiones, haciendo que haya ciudadanos que puedan recorrer más de 60 kilómetros en una misma pero, sin embargo, en zonas limítrofes no puedan moverse 5 kilómetros al verse obligados a cruzar la ‘frontera’. Se plantea la duda de si las iniciativas adoptadas unilateralmente por tal o cual Autonomía serán más eficaces que las impulsadas por la vecina, sea o no del mismo color político. Se produce, y llueve sobre mojado, un desconcierto formidable sobre la fiabilidad de los datos que las Autonomías ponen en común con el Estado central, y en concreto con un Ministerio como el de Sanidad prácticamente vacío de competencias, en el chasis.
Es difícilmente discutible que al presidente del gobierno le ha faltado visión y coraje, conocimiento y experiencia, fuerza política, en definitiva, para anticipar la gravedad de la primera oleada de la pandemia y gestionar sus efectos con rapidez y solvencia. Pero sería más dramático si cabe que ante una eventual escalada, como la que ya empieza a asomar, fuesen la falta de un mando único y la confusión administrativa, burocrática y competencial de las 17 Españas las que perjudicasen gravemente a la gestión de este inacabado drama incrementando el número de víctimas mortales, ya a estas alturas absolutamente insoportable.
Editorial Estrella