sábado, abril 27, 2024
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El futuro de la cruz, a expensas de la resignificación del Valle de los Caídos

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Así lo aseguran fuentes del Gobierno tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto que actualizará la Ley de Memoria Histórica de 2007 y que podría entrar en las Cortes a comienzos del año próximo para su aprobación definitiva antes del verano.

El futuro del Valle de los Caídos es uno de los aspectos que aborda la normativa, que permitirá desalojar a los benedictinos que ocupan la abadía y supondrá la extinción de la Fundación de la Santa Cruz, para pasar a su gestión exclusivamente estatal, a cargo de Patrimonio Nacional.

La pretensión del Gobierno es transformarlo en cementerio civil donde descansan los restos de más de 33.000 españoles de ambos bandos de la Guerra Civil y al mismo tiempo dotarle de una dimensión que permita «explicar», según las fuentes, su significado histórico, su proceso de construcción y su alcance simbólico para la dictadura.

«Resignificar es explicar», remarcan las fuentes, pero antes será necesario que el Ejecutivo disponga de un real decreto que se aprobaría cuando entre en vigor la ley para establecer el nuevo marco jurídico del complejo, con Patrimonio como entidad responsable de la «liquidación» de la fundación que ahora lo regenta.

Ello abre un proceso de «reflexión» que comporta un análisis de la simbología del recinto, con la gigantesca cruz como uno de los símbolos «fundamentales» del nacionalcatolicismo en España, según recuerdan las fuentes, que emplazan cualquier decisión al respecto a la conclusión del procedimiento para la «resignificación» del valle.

De momento, el Gobierno ya está trabajando para poner en marcha una nueva página web sobre el enclave que permita el tránsito entre la lectura «franquista» del lugar a una visión contemporánea, ya en clave de memoria democrática.

Además de buscar una finalidad didáctica para el futuro Valle de los Caídos de manera que se explique su proceso de construcción, su contexto histórico y su significado, el Gobierno quiere hacer un inventario de las empresas que utilizaron presos para las obras.

Tratará de buscar fórmulas con estas compañías para lograr algún tipo de reconocimiento y reparación para los reclusos republicanos que fueron obligados a trabajos forzados para levantar el monumento. 

 

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