El aval a las salidas laborales de Junqueras, Rull y Turull, acordado por la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña, se produce una vez las cárceles donde cumplen pena los nueve presos del «procés» han propuesto a la Generalitat que conceda a todos ellos el tercer grado, un régimen de semilibertad en que ya no es necesario el 100.2 para salir de prisión para trabajar, ejercer voluntariado o cuidar a familiares dependientes.
En el caso de Junqueras, la juez desestima la pretensión de la Fiscalía de que para optar a las salidas previstas por el artículo 100.2 se someta a un programa para interiorizar que las leyes hay que cumplirlas, puesto que considera que el exvicepresidente catalán «ya es consciente de ello» y que ahora reconoce que «las cosas deberían haberse hecho de otra manera» y que su conducta originó consecuencias que no eran «deseadas».
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