lunes, abril 29, 2024
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Castells se compromete a revisar EBAU para garantizar la igualdad de derechos

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Lo ha asegurado en su estreno en la Comisión de Universidades del Congreso, donde todos los grupos parlamentarios le han agradecido su tono y talante para afrontar su proyecto universitario; incluso Vox, el más beligerante en una primera intervención, al final le ha dicho que, a pesar de las diferencias ideológicas, era un ministro «elegante, educado y empático».

Con la EBAU, Castells se ha mostrado más abierto que su colega, la ministra de Educación, Isabel Celaá, que siempre sostiene que es una prueba que funciona y que la comunidad educativa está satisfecha con ella en general.

Aunque Celaá reconoce que puede haber diferencias a la hora de corregir las pruebas (por ejemplo, el baremo que se da a las faltas de ortografía) o sobre el currículo que entra en cada comunidad, que es algo de las competencias autonómicas.

Por todo ello, la ministra ha puesto en marcha un grupo de trabajo técnico, en el que ahora Castells quiere participar para ver de primera mano si hay que abordar técnicamente algún cambio en términos de equidad.

Entre los anuncios hechos por Castells se encuentra el acabar con la «precariedad» del personal universitario, por lo que se está elaborando un estatuto de la carrera profesional y del personal docente e investigador de las universidades.

En él se contempla acabar con figuras «inductoras de precariedad» como los «falsos profesores asociados». Dicha figura se reservará a la colaboración docente de profesionales que no dependan de ese contrato universitario para su vida laboral.

Sobre las becas, el ministro ha recalcado que se garantizará el derecho «subjetivo» a las ayudas, según rentas familiares, intentando que la convocatoria se resuelva antes del comienzo del curso y el alumno tenga información fidedigna sobre la cuantía y fechas de pago de las becas.

Al mismo tiempo, se aumentará la financiación de las becas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y las tasas se reducirán a los niveles previos a 2012, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria, que ha convocado con las comunidades autónomas este próximo lunes.

Antes de la crisis no existían las denominadas «horquillas» o precios mínimos y máximos que fijaban el Ministerio y después las comunidades, sino que se establecía un máximo para el conjunto de las autonomías.

Castells ha recordado que tiene en marcha el proyecto «el ministro escucha», con el que recorre todas las universidades públicas para mantener reuniones de las que puedan salir las ideas de consenso para un pacto y una nueva ley orgánica.

Empezó la semana pasada en la Universidad del País Vasco y continuará la próxima en Barcelona y en la UNED.

Como objetivo «fundamental» tiene también «estimular la acción universitaria en la llamada España Vaciada» para fijar «una población estudiantil que frene la despoblación y rejuvenezca estos territorios».

Así, pedirá a la UNED el uso de sus centros territoriales para este fin, lo que explicará en Teruel en los próximos días porque es un «lugar emblemático y se convirtió en un símbolo» para muchas personas que viven en territorios más olvidados.

El ministro no ha dudado en referirse a algunas críticas que ha recibido respecto a un viaje que hizo a Estados Unidos nada más ser nombrado. Ha especificado que como condición para aceptar el puesto pidió poder cerrar su «vida de 40 años en California».

Fuentes de su departamento han especificado que ese viaje no supuso ningún gasto al erario público.

Castells, con un pin en la solapa de la Real Academia de Ciencias Económicas de la que es miembro honorario, ha reconocido que para desarrollar sus proyectos se necesita la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la coordinación con otros ministerios.

En concreto, ha quitado importancia a la separación de su departamento de Ciencia e Innovación, destacando el «buen feeling» con Pedro Duque; «no les preocupe tanto esa separación», ha dicho a los diputados de la oposición.

Ha reconocido asimismo la autonomía de las comunidades en la educación, algo que «va a respetar siempre», respondiendo así a las dudas de los partidos nacionalistas al respecto. 

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