sábado, abril 27, 2024
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Casado insta a Pedro Sánchez a explicar la compra de votos con dinero público

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Casado se ha pronunciado así sobre la información de ABC según la cual se han encontrado decenas de manuscritos en el pueblo sevillano de Huévar de Aljarafe atribuidos al que era primer teniente de alcalde socialista hasta las pasadas elecciones, que probarían una compra de votos a cambio de trabajo en el Ayuntamiento.

El líder popular ha criticado la «Operación 1.000», por la que responsables socialistas se habrían dedicado a «comprar 1.000 votos en un Ayuntamiento de 3.000 habitantes para conseguir ganar las elecciones», y ha dicho que «esto es la punta del iceberg», pues han encontrado los documentos porque se les rompió la trituradora y cambiaron la cerradura de los despachos.

«Esto es lo que ya sospechaba toda España: que en la Junta de Andalucía, con los gobiernos de Chaves, Griñán y Susana Díaz, dos de ellos en el banquillo acusados por corrupción, había una red clientelar que compraba con dinero público los votos de sus vecinos», ha aseverado Casado.

En su opinión, se trata de «algo terrible que no se veía en España desde época de Romanones», por lo que Pedro Sánchez tiene que explicar qué va a pasar con las personas «implicadas en la compra de votos a cargo del erario público», ya que esto ha ocurrido mientras él era secretario general del PSOE.

«Pedro Sánchez no puede eludir una explicación, y sobre todo también una rendición de cuentas de por qué ha pasado esto, dónde más ha pasado y cuánto tiempo ha venido pasando», ha aseverado.

Casado ha añadido que esto se une a la Comisión de la Faffe, donde Susana Díaz tendrá que explicar «por qué los cursos de formación para parados también se utilizaron para comprar voluntades políticas», y al «escándalo de los ERE», que ya está siendo juzgado con dos expresidentes acusados.

Ha defendido que el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), en apenas diez meses ha puesto en marcha una comisión de investigación parlamentaria y una agencia «para acabar con esa red de 5.000 millones de euros defraudados», que ya afecta a cinco centenares de implicados de partidos políticos de izquierdas y fuerzas sindicales. 

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