sábado, abril 27, 2024
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Investigan a 9 trabajadores de la zona azul de Alicante por estafa continuada

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El instituto armado detectó a principios del pasado mes de marzo varias posibles irregularidades relacionadas con la confección de los boletines-denuncias por parte de los investigados, todos ellos de nacionalidad española, según ha informado este martes la Guardia Civil en un comunicado.

Esas supuestas irregularidades se habrían estado llevando a cabo durante más de un año, lo cual podría haber causado a los usuarios «un grave perjuicio económico, aún por determinar, de varios miles de euros», señala la nota de prensa.

Las pesquisas han determinado que muchas de las denuncias interpuestas por estos empleados investigados «solamente habían sido supervisadas o comprobadas por un solo controlador», cuando es requisito indispensable que la infracción en cuestión sea corroborada por, al menos, dos de ellos, explica el comunicado.

El único empleado presente en la infracción emitía un boletín-denuncia con dos firmas, alegando falsamente la supuesta corroboración del segundo operario, para que la denuncia no pudiera ser recurrible o anulada.

El móvil sería el aumento del número de denuncias para incrementar el beneficio económico y propiciar un ahorro en costes en la contratación de más personal para las comprobaciones de las infracciones.

Según se desprende de las manifestaciones recogidas durante las indagaciones, «existían órdenes concretas de dos de los jefes/encargados de la empresa para que se actuara de esta forma fraudulenta, amenazando a los trabajadores con el despido, en caso de insubordinación», asegura el comunicado de la Guardia Civil.

Las nueve personas investigadas -cinco mujeres y cuatro hombres, de edades comprendidas entre los 33 y los 61 años- han quedado en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales, a la espera de juicio.

Muchas de las víctimas de esta presunta estafa ya han sido informadas de la existencia de la apertura de un procedimiento judicial para que se personen como interesadas y, así, puedan reclamar una posible indemnización.

La Guardia Civil no descarta que estos hechos pudieran haberse producido «también en otros municipios en los que esta empresa preste sus servicios». 

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