La Fiscalía del Supremo ha dado a conocer hoy el contenido de su escrito de acusación contra los líderes independentistas, con el ex vicepresidente Oriol Junqueras a la cabeza, por organizar el referéndum del 1 de octubre. Así, el Ministerio Público ha mantenido la misma línea fijada ya en su querella contra el ex Govern, liderado por Carles Puigdemont, y la Mesa del Parlament y pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras, 17 para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y Carme Forcadell y 16 para cinco ex ‘consellers’.
En este sentido, el Ministerio Público solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión, y añade a la petición de prisión, 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público. A continuación, se encuentran el exlíder de ANC y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, para quienes la Fiscalía pide 17 años solo por rebelión y otros 17 de inhabilitación absoluta, la misma pena que solicita para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 11 años de prisión para el ex major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, agravando así la calificación que hizo la jueza Carmen Lamela, quien le procesó por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal por haber consentido la celebración del 1-O y no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017.
En su escrito de acusación, la Fiscalía también pide 11 años de cárcel por rebelión para el exdirector de los Mossos Pere Soler y para el ex secretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, mientras que acusa solo de sedición a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para la que pide 4 años de prisión.
El relato de hechos de ambos escritos de conclusiones se enmarca en un contexto fáctico común constituido por la estrategia planificada y las actuaciones desarrolladas por los acusados el denominado «procés» a fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado con forma de República, segregándola de España, mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo, y el social.
«La actuación de los acusados pretendía orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquella, para conseguir como objetivo último– con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado– declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional», detalla el escrito de la Fiscalía del Supremo.
Para el Ministerio Público, el plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo incluida –ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación– la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos. En este sentido, pone como ejemplos el acoso a la Guardia Civil que tuvo lugar en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 y los sucesos del referéndum independentista ilegal del 1 de octubre del 2017.
También se valieron, según el criterio de la Fiscalía, «del uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones como así sucedió y que, IIegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional».
Una vez presentados los escritos de calificaciones provisionales de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los líderes del proceso soberanista catalán encarrila la recta final de cara al juicio oral, que se estima que comenzará a mediados de enero. Será precisamente el debate sobre si existió violencia en los medios empleados para empujar hacia la independencia por las vías ilegales lo que marcará el desarrollo del juicio, para el que se espera dictar sentencia en junio.
Bárbara Baron