Las víctimas por la violencia de género están más desamparadas, más desprotegidas y muchas de ellas se están viendo obligadas a convivir con su maltratador por culpa de la crisis. La sociedad española cuenta con menos prevención, menos asesoramiento y menos programas de asistencia para luchar contra esta lacra desde que el año pasado el Gobierno redujera el gasto en la partida destinada a este fin. A este ‘hachazo’ hay que sumarle la grave crisis que atraviesa España, que ha contribuido a que menos mujeres se atrevan a denunciar casos de violencia machista por miedo a sentirse desamparadas económicamente. Un panorama desolador que dificulta la salida de las víctimas de la espiral de la violencia e impide comenzar una nueva vida lejos de los malos tratos.
La crisis está golpeando con dureza a las mujeres que están en el círculo de la violencia
Las denuncias por violencia machista registradas en los juzgados españoles han descendido un 4’1% en 2012, casi 15 denuncias menos al día respecto al año anterior. Así lo constata el último informe difundido por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estudio que refleja que esta disminución viene produciéndose desde 2008, año en el que la crisis afloró en España con una caída de denuncias del 9,6% en los últimos cinco años.
Estos datos son especialmente dramáticos en los casos de las mujeres que han muerto a manos de su maltratador, pues en 2012 únicamente denunciaron un 15% de las víctimas mortales frente al 25-30% de los años anteriores. Otro dato significativo es que el número de víctimas mortales que convivían con su agresor se disparó del 60 al 75% en el último año.
“Las cifras reflejan que la crisis está golpeando con dureza a las mujeres que están en el círculo de la violencia”, señala a Estrella Digital Inmaculada Montalbán, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y presidenta de la Comisión de Igualdad. El factor de dependencia económica de muchas mujeres que no reciben dinero, salvo el que aporta su cónyuge, es “una restricción que muchas veces obstaculiza que ellas puedan dar el paso importante de denunciar y emprender una nueva vida”.
Montalbán advierte de que el contexto económico actual también está afectando a muchas mujeres trabajadoras que tienen contratos precarios o temen ser incluidas en el próximo ERE de su empresa. “La precariedad laboral y la falta de oportunidades para encontrar un nuevo empleo paralizan a muchas mujeres que no denuncian por miedo a no recibir el apoyo social y económico suficiente para abandonar el círculo de la violencia”, puntualiza.
La incidencia de la crisis en el descenso de las denuncias por violencia machista es algo que ya habían detectado en la Federación de Mujeres Progresista. Su presidenta, Yolanda Besteiro, alerta de que las mujeres que sufren esta lacra no deciden romper los lazos que le unen con el maltratador porque “no terminan de confiar en el sistema”, sobre todo a la hora de encontrar un trabajo estable que les aporte una independencia.
Pasos atrás en prevención y sensibilización
La falta de recursos acentúa el estado de indefensión y vulnerabilidad de las víctimas
La reducción en 2012 del gasto destinado a la partida presupuestaria para prevenir y luchar contra la violencia de género ha precarizado los servicios de atención a las víctimas, ya que la cuantía se ha visto reducida un 21,6% con respecto al año anterior, de 30,4 millones de euros a 23,9. Los recortes en esta materia han provocado el desmantelamiento de proyectos de prevención y campañas de sensibilización y la eliminación de muchos recursos de atención a las víctimas. Un duro varapalo que acentúa el estado de indefensión y vulnerabilidad de las víctimas ante sus maltratadores.
“Los recortes han afectado duramente al número de campañas de prevención y sensibilización que intensamente se desarrollaban antes. Éstas son imprescindibles, no sólo de cara a las mujeres maltratadas para que tomen conciencia de que son víctimas y confíen en el sistema, sino también para los maltratadores y el entorno”, advierte la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. En su opinión, todos estos recortes conducen a la no visibilización del problema, favoreciendo que el maltratador se sienta más impune de lo que es, las víctimas no denuncien y la sociedad sea un testigo silencioso e insensible con esta lacra y, por tanto, se deje de destinar recursos para erradicarla.
El ‘tijeretazo’ en esta materia se ha hecho evidente en el cierre de muchos centros de atención a las víctimas, casas de acogida y puntos de encuentros familiares. “Se ha producido un recorte generalizado en la prestación de servicios asistenciales y de atención a las víctimas”, afirma Inmaculada Montalbán. El ejemplo más paradigmático de estos recortes es Castilla-La Mancha, comunidad en la que el año pasado cerraron algunos centros de información, sensibilización y atención a la mujer y casas de acogida para maltratadas. Un caso especialmente dramático por la situación de fragilidad de las víctimas, la dificultad para acceder a los recursos y el entorno eminentemente rural que las envuelve, donde todos conocen a víctima y maltratador. “Los recortes afectan de manera significativa a las mujeres en el ámbito rural. Si las víctimas tienen la autoestima destruida por sus maltratadores y no terminan de confiar en un sistema que además recorta los recursos destinados a protegerlas, lógicamente las mujeres no denuncian, se retraen”, subraya Yolanda Besterio.
De esta pesadilla se puede salir
La crisis no debe ser una excusa para dar marcha atrás en la lucha contra esta lacra
La atención psicológica es fundamental para las víctimas, sobre todo cuando piensan en escapar de los malos tratos. Para Inmaculada Montalbán, las mujeres que reciben esta atención “tienen el doble de posibilidades de mantenerse en el proceso y concluirlo en separación o divorcio”. Asimismo, es imprescindible que exista una red de apoyo y escucha, a través de los diversos organismos del Observatorio, centros especiales o servicios municipales de atención, para que las víctimas se vean acompañadas y finalmente presenten la denuncia “desde el convencimiento de que están ejercitando un derecho”. Esta fase previa es clave porque «la mujer se empodera, se fortalece para el momento en que tiene que dar el paso de presentar la denuncia”.
La Federación de Mujeres Progresistas ofrece un servicio de atención integral para las mujeres que padecen la violencia de género. Un servicio en el que las víctimas reciben asesoramiento jurídico (incluye la redacción de denuncias y la realización de acompañamientos especializados) y atención psicológica, social, económica y laboral con el objetivo de apoyarlas en la recuperación de su plena autonomía. La línea telefónica gratuita 900 502 091 da respuesta a mujeres y familiares que consultan sobre cuestiones relacionadas con la violencia de género.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género remarca el “esfuerzo” social e institucional realizado durante las últimas décadas contra este tipo delincuencia y confía en que la crisis no sea una “excusa” para dar marcha atrás a un proceso en el que España es un referente internacional. Por ello, pide que se mantengan “todos los recursos necesarios e imprescindibles para asistir de manera integral y recuperar a las víctimas”.
Samuel Jiménez