- El 86% de los médicos de familia están de acuerdo en “implementar algún sistema de copago”
En plena campaña electoral para las Comunidades Autónomas, uno de los asuntos que más afectan a los ciudadanos es el de la Sanidad pública y el futuro que le espera. A pesar de que es competencia de los Gobiernos regionales, los principales partidos están pasando por encima de ello con cautela. Nadie parece querer ser el que dé el primer paso en una dirección a la que, sin embargo, todos apuntan: el sistema actual es insostenible, y se necesitan reformas que no serán del agrado de la gente. Así, el copago por los servicios de salud se presenta como parte importante del paquete de medidas que se maneja. Aunque pocos quieran hablar de ello de forma clara.
El déficit que acumula la Sanidad pública ronda los 11.000 millones de euros con una tendencia al alza que necesita acometer medidas urgentes, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y la consultora Mckinsey. Otras fuentes elevan esta cifra hasta los 15.000 millones de euros.
Según estas organizaciones, el catálogo de medidas que hay que adoptar para garantizar el sistema incluye indefectiblemente por el copago -que el usuario pague una tasa cada vez que utiliza el servicio sanitario-, revisar el actual sistema de pago por las recetas -eliminar la gratuidad para los jubilados, entre otras medidas-, mejorar la gestión de los centros sanitarios y reforzar los incentivos a profesionales y centros de gestión sanitarios.
El último colectivo que se ha sumado a la petición de medidas urgentes es la Sociedad Española de Medicina General (SEMERGEN), que en su Análisis sobre la situación de los Médicos de Familia en España afirma que el 86% está a favor de “implementar algún sistema de copago, siempre y cuando se oriente a reducir la utilización inadecuada de los servicios por parte de la ciudadanía”. Una cifra similar defiende la autogestión de los centros de salud, y nueve de cada diez médicos de atención primaria subrayan que los gerentes de área no deben estar sujetos a cambios políticos.
Ahora bien, la palabra copago, que ya se mencionaba como posibilidad en el diagnóstico de situación del sistema sanitario realizado en las Cortes Generales conocido como Informe Abril, de 1991 -y que funciona en varios países de la UE: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido o Portugal- no está en el vocabulario de la campaña electoral de las principales formaciones en liza.
De momento, públicamente, los responsables de la gestión sanitaria de las Autonomías y el Ministerio se concentran en adoptar medidas para reducir paulatinamente el gasto sanitario, así como aumentar el uso de los medicamentos genéricos o crear centrales de compras para abaratar los costes de estos.
Los socialistas se decantan por mantener medidas de copago indirectas, como el céntimo sanitario para las comunidades que así lo soliciten. Esa cantidad se incluiría en el precio del combustible y se destinaría íntegramente a sufragar gastos de sanidad -y eso a pesar de que existen indicios de que la Comisión Europea va a pedir su derogación-. Asimismo, la ministra socialista de Sanidad, Leire Pajín, apela al consenso en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud.
Los conservadores tampoco hablan de copago, ni siquiera el controvertido ex secretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos, quien ha anunciado que renunciará al céntimo sanitario si la formación de electores por la que se presenta gana en Asturias. En cambio, se han congelado los presupuestos destinados a la Sanidad en 2011 (lo que, aplicando la tasa de inflación, supone un recorte en el gasto) en la Comunidad de Madrid (según las asociaciones de defensa de la Sanidad pública madrileña, hay hospitales que han perdido dinero respecto a 2010, mientras que la asistencia sanitaria externalizada se incrementa en casi un 6%, y acusan a la gestión del PSOE del déficit sanitario.