Junto a las medidas de acción inmediata que modificarán el gasto previsto en el Presupuesto de este año, el Gobierno ha citado en este documento su plan de austeridad para los próximos años, las medidas fiscales de la futura Ley de Economía Sostenible y las dos grandes reformas que planea: la laboral y la del sistema de pensiones.
Esta última ha provocado hoy una fuerte polémica, ya que en el texto remitido a Europa el Ejecutivo proponía, junto a la ampliación de la edad de jubilación en dos años, aumentar en diez años el periodo para calcular el cobro de las pensiones, y aseguraba que ambas medidas juntas supondrían un recorte de cuatro puntos del PIB en el gasto en pensiones a partir de 2030.
El Gobierno decidió más tarde retirar del texto enviado a Bruselas esta idea, además de asegurar que se trataba sólo un «ejemplo» o «simulación» según un comunicado del Ministerio de Economía.
El documento asegura en cualquier caso el compromiso de acometer una «importante transformación» del sistema de pensiones español con el que, unido al reequilibrio de las cuentas públicas, al previsible aumento del empleo cuando vuelva la recuperación y al aumento de la productividad permiten afirmar que la sostenibilidad de las finanzas píbnlicas «parece plenamente garantizada».
En el Programa de Estabilidad actualizado hoy Economía admite que la crisis ha hecho revisar las previsiones de forma «muy significativa». Como ejemplo, el déficit de este año, que va a ser cinco puntos superior al que se pensaba antes, y mucho más han cambiado las previsiones de la deuda pública.
Así, la deuda pública española, que al cierre del año pasado se situó en el 55,2% del PIB, más de veinte puntos por debajo de la media de la zona euro, (78,2%) va a ir aumentando progresivamente hasta subir en tres años casi esos veinte puntos.
Las previsiones de Economía apuntan a una deuda pública del 65,9% del PIB este año y del 71,9 por ciento en 2011, para llegar al máximo del 74,3% en 2012 y empezar a reducirse levemente, hasta el 74,1%, en 2013.
Estas cifras podrían ser incluso peores, tal y como admite el Ministerio, si se hacen realidad determinados riesgos o supuestos.
Así, si la evolución de la economía es peor de la que prevé el Gobierno y hay un mayor ahorro, el déficit no se reduciría tanto y la deuda podría aumentar más de lo esperado: podría llegar al 75,8 por ciento en 2012.
Además, si los tipos de interés suben más de un punto, podría incluso alcanzar el 77,7 por ciento del PIB ese año.
Economía explica a Bruselas que el recorte del gasto público afectará a todos los departamentos en el caso de la Administración central, y admite que hará mella en la inversión, incluida la destinada a infraestructuras, que «se resentirá significativamente».
No en vano, el recorte de 5.000 millones que sufrirá el Presupuesto de este año afectará sobre todo al Ministerio de Fomento, que dejará de contar con 1.760 millones, y a mucha distancia queda el segundo departamento más perjudicado, Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, con 501 millones menos.
Como nota positiva, la bajada de la presión fiscal que ha provocado esta crisis y la consecuente caída de ingresos: en 2009 dicha presión se redujo casi tres puntos, hasta el 30,4% del PIB.
El Gobierno prevé, no obstante, un aumento progresivo de la presión fiscal, hasta alcanzar el 34,2% en 2013.