En el programa de estabilidad 2009-2013 que ha remitido a Bruselas, el Gobierno español calcula que cada año de retraso en la edad legal de jubilación reduciría el gasto en pensiones en un punto del Producto Interior Bruto.
Pero, además, explica en su informe, si se ampliara el número mínimo de años cotizados para obtener una pensión, se produciría un ahorro adicional de dos décimas del PIB. Si a esta ecuación se le sumara un incremento en el periodo de cálculo de las pensiones, medida a la que el Ejecutivo parece, a priori, favorable, el gasto en pensiones se reduciría aún más.
Por tanto, dice el Ejecutivo, si a lo largo de la década del 2020 se elevaran en dos años tanto la edad legal de jubilación, que pasaría así a situarse en 67 años, como el mínimo de años cotizados, y a ello se le añadiera un aumento en diez años del periodo para calcular la pensión, «el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos del PIB».