Tras haber acometido la mayor subida de impuestos de la historia de España y no haber cumplido con el déficit en ninguno de sus cuatro años como ministro, la peor semana de Cristóbal Montoro en el cargo de ministro de Hacienda ha sido cuando ya está en funciones.
En apenas unos días, al ministro le ha saltado el caso de los ‘papeles de Panamá’, el abultado incumplimiento del déficit de las administraciones públicas, el enfrentamiento abierto con las comunidades autónomas y la anulación del reparto del déficit autonómico por parte del Tribunal Supremo. Todo en una semana. La más difícil de la ‘era Montoro’.
El ministro ha cosechado muchas críticas por su amnistía fiscal, en especial estos días, tras conocerse el caso de los ‘papeles de Panamá’. La amnistía de 2012 permitió que muchas personas que habían evadido impuestos pudieran regularizar su dinero. Pero el verdadero varapalo le ha llegado por la fuerte desviación del déficit de 2015.
Montoro, que estuvo en el Congreso dando explicaciones, no ha dudado en culpar a la comunidades autónomas del desfase. Pese al desvío evidente de éstas, la realidad es que el máximo responsable es él y no los presidentes autonómicos. Así se lo ha recordado la agencia de calificación Moody’s: “El Gobierno de España es incapaz de hacer cumplir y aplicar las leyes existentes”.
No hubo magia en el truco final
El atípico caso de que su peor momento coincidiese con su salida del Gobierno pierde ese efecto de sorpresa cuando se observa cómo ‘ha salvado’ el cumplimiento del déficit año tras año. El matrimonio entre el déficit y Montoro ha sido cuando menos complicado, en ningún año el ministro ha cumplido con Bruselas pese a que se habían flexibilizado los objetivos.
En su primer año en el Gobierno, 2012, Montoro aprobó el 14 de julio un Real Decreto por el que las empresas podían anticipar el pago del Impuesto de Sociedades. El resultado del anticipo fue que el Estado recaudó un 29% más y Montoro, gracias a esta argucia, salvó los muebles y pudo presumir de haber cumplido con Bruselas.
En 2013, el reto fue mayor porque ese dinero que ya se había anticipado ya no podía usarse. Ese mismo año se produjo el primer enfrentamiento entre el ministro y las comunidades, en especial con las que no gobernaba el PP. Mientras se producía ese choque, Montoro aplazó los pagos del último trimestre. El resultado de la decisión fue que en el cuarto trimestre el gasto público se redujo más de un 4%, mientras que el del primero de 2014 se incrementó un 4,5%. De nuevo se salvó y mitigó el desvío de los ingresos, lo que le permitió una vez más presumir de haber cumplido con Bruselas.
En 2014, el crecimiento, que por fin aparece en la economía española, junto con un cambio contable (se añade la prostitución, las drogas y demás actividades ilícitas al PIB) de más 26.000 millones permiten al Ejecutivo salvar la cara con Bruselas.
Los trucos de 2012, 2013 y 2014 se revierten en 2015, pese al fuerte crecimiento de la economía y de los ingresos. A Montoro esta vez le falla el tiempo y el pastel se descubre con él todavía en el cargo y sin un Gobierno para poder actuar. Los presupuestos electoralistas del PP junto con el mayor gasto de las CCAA debido a las elecciones, disparan el déficit en 13.500 millones, el 5,16 del PIB frente al 4,2% pactado.
La rebelión de las CCAA
Más allá del descrédito que ha supuesto para España el desfase del déficit, no solo para Montoro sino también para el titular de Economía, Luis de Guindos, el otro gran problema es el choque con las autonomías. Cataluña, Andalucía, Baleares, Cantabria, Valencia, Extremadura e incluso Castilla León (gobernada por el PP) se han levantado contra el ministro de Hacienda.
El problema central del enfrentamiento entre las comunidades y Hacienda es cumplir con el objetivo de 2016. Misión harto complicada si se atiende a las previsiones de distintos organismos. El Banco de España señaló que quedará por encima del 4%, previsión también compartida por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Para intentar ajustar las cuentas españolas, Montoro ha enviado una carta a las CCAA incumplidoras en la que da un plazo de quince días para que expliquen cómo van a ajustar sus cuentas. La respuesta de rebeldía de las comunidades pone de manifiesto otra reivindicación que se ha hecho al ministro: que si no ha sido capaz de hacer cumplir a las CCAA con la mayoría absoluta, difícilmente pueda conseguirlo estando en funciones.
Para colmo, el Tribunal Supremo declaró ilegal el procedimiento de reparto de los objetivos de déficit de 2013 entre las autonomías, añadiendo más leña al fuego. El fallo del alto tribunal ha provocado que el propio Montoro haya tenido que reconocer el fallo: «Es evidente que se incurrió en un mal procedimiento por parte del gobierno, que ha habido un error en el procedimiento», indicó el propio ministro.