La Fiscalía recurre la imputación de Francisco Martín por el caso Begoña Gómez: “Falta sustento jurídico”
El Ministerio Público rechaza la decisión del juez Peinado de imputar al delegado del Gobierno en Madrid por malversación, señalando que el nombramiento en cuestión ocurrió tres años antes de su llegada a Moncloa
La Fiscalía ha presentado un recurso contra la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la causa que investiga a Begoña Gómez —esposa del presidente Pedro Sánchez— por presunto tráfico de influencias y otros delitos. El Ministerio Público considera “incomprensible” que el juez Juan Carlos Peinado haya citado a Martín por una decisión administrativa que no tomó.
El escrito detalla que el nombramiento de la exasesora de Moncloa Cristina Álvarez, eje de la imputación, se produjo en julio de 2018. Francisco Martín, sin embargo, no accedió al cargo de secretario general de la Presidencia hasta tres años después, en 2021. Por tanto, sostiene el fiscal, no puede vincularse a una acción anterior a su gestión.
El juez había admitido a trámite una querella presentada por Vox, que implicaba a Martín en la contratación de Álvarez, a quien se atribuye haber trabajado presuntamente en funciones privadas de la esposa del presidente con fondos públicos.
“Imputación automática por el cargo”: crítica frontal del fiscal
El fiscal considera que la imputación se apoya únicamente en la condición jerárquica de Martín como superior de Álvarez en 2021, sin demostrar participación real en los hechos denunciados. “Parece acudirse a una imputación casi automática u objetiva por razón del cargo”, critica el recurso. A su juicio, la fundamentación del auto judicial resulta “sucinta” y se basa en “presupuestos erróneos”.
El documento subraya que la contratación de Álvarez fue legal, legítima y habitual en este tipo de cargos de confianza en la Administración. “No puede pretenderse una participación en un nombramiento que alcanzaba los tres años de antigüedad cuando Martín Aguirre es nombrado para el puesto en cuestión”, añade el fiscal.
Entre las declaraciones clave que desmienten la acusación figura la del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien confirmó que el nombramiento de Álvarez databa de 2018.
Álvarez: funciones reconocidas durante siete años
El fiscal recuerda que Cristina Álvarez ha desarrollado durante más de siete años su labor como asistente de coordinación de agendas con los servicios de seguridad y escolta, sin indicios de desvío de funciones para fines personales.
“La realización de ciertas llamadas, envío de algunos correos o presencia en actos no configuran delito de malversación”, señala el texto. “Estamos hablando de prácticamente siete años desempeñando el puesto de asistente del cónyuge del presidente del Gobierno; son 2.555 días, con disponibilidad horaria total”, puntualiza el fiscal, que descarta que su labor sirviera para fines privados de forma sistemática o relevante.
“No se trata de no investigar, sino de respetar las garantías”
La Fiscalía destaca que la investigación debe ceñirse a los principios de legalidad y motivación suficiente. “Imputar a una persona de esta forma directa, por unos presuntos hechos vagos e imprecisos y sin la elemental exposición o motivación, y con incoherencias evidentes, no resulta asumible”, argumenta el recurso.
Además, se destaca la naturaleza eventual del cargo de Álvarez, que permite una designación discrecional y tareas flexibles. El Ministerio Público insiste en que no hay evidencia de que su rol se centrara en actividades privadas de Begoña Gómez, más allá de “colaboraciones puntuales” vinculadas a su cátedra, máster o participación en la Universidad Complutense, sin perjuicio a los fondos públicos.
La Fiscalía recurre ante la Audiencia Provincial por falta de respuesta del juez
Como cierre de su escrito, el Ministerio Público aclara que recurre directamente a la Audiencia Provincial debido a que los anteriores recursos presentados ante el juez Peinado no han recibido una respuesta sustancial. “Se vuelve a adoptar una decisión desde el juzgado con gran sonoridad, pero sin sustento fáctico y respaldo de razonamiento jurídico que merezca tal consideración”, remacha el fiscal.
Cabe recordar que la querella de Vox acusaba a Francisco Martín de haber favorecido supuestamente la continuidad de Álvarez en funciones privadas de la esposa del presidente, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Una acusación que, según la Fiscalía, carece de base documental y cronológica, por lo que debe ser descartada.
