El juez cita como investigado al delegado del Gobierno en Madrid por el caso Begoña Gómez
El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, a cargo del juez Juan Carlos Peinado, ha incorporado a la causa contra Begoña Gómez una querella de Vox y ha decidido citar como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. La citación está prevista para el próximo 14 de mayo, y responde a su posible implicación en un presunto delito de malversación de caudales públicos relacionado con la contratación de Cristina Álvarez, exasistente de la esposa del presidente Pedro Sánchez.
El juez ha determinado que Martín Aguirre deberá aclarar su papel como entonces secretario general de la Presidencia del Gobierno, cargo que ostentaba en julio de 2021, cuando se produjo dicha contratación. En el auto se detalla que la querella de Vox se acumula a la investigación principal que involucra a Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional.
Francisco Martín Aguirre responde con serenidad: "Tengo la conciencia tranquila"
Horas después de conocerse su citación, el propio delegado del Gobierno ofreció una escueta declaración ante los medios para restar dramatismo a su situación judicial. “Tengo la conciencia tranquila y no me siento concernido por este procedimiento”, afirmó. También expresó su disposición total a colaborar con la Justicia y subrayó que aún no había tenido acceso a los detalles de la citación.
“Siempre cumplí con mi deber en Moncloa y nunca salí de ahí”, defendió Martín Aguirre, al tiempo que agradeció las muestras de apoyo recibidas. “Llevamos meses atendiendo a una sucesión de citaciones y en esta ocasión me ha tocado a mí”, lamentó.
La acusación se centra en el uso de fondos públicos para fines privados
En el auto, el juez Peinado descarta por el momento indicios de responsabilidad penal tanto en Begoña Gómez como en Cristina Álvarez. Señala que ninguna de las dos participó directamente en el nombramiento ni en la asignación presupuestaria asociada al puesto desempeñado por Álvarez, aunque esta trabajase en funciones relacionadas con la agenda privada de Gómez.
En cambio, sí observa elementos suficientes como para continuar con la investigación sobre Martín Aguirre, a quien la querella atribuye responsabilidad por la contratación de Álvarez para tareas de carácter privado sufragadas con dinero público.
Vox sostiene que esta actuación podría constituir no solo malversación, sino también prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El juez, aunque no comparte todas estas calificaciones jurídicas en este momento procesal, sí admite a trámite la querella en lo que concierne al papel del alto cargo.
El PP ironiza sobre el caso; el Gobierno lo denuncia como una persecución
La noticia de la imputación del delegado del Gobierno ha tenido eco inmediato en el plano político. El secretario de organización del PP, Miguel Tellado, ironizó en redes sociales afirmando: “Otro sanchista más haciendo paseíllo hacia el juzgado por el Caso Begoña. Menos mal que no había nada y era todo una inventada”.
Otro sanchista más haciendo el paseíllo hacia el juzgado por el Caso Begoña. Menos mal que no había nada y era todo una inventada. pic.twitter.com/WvXSfgRUFT
— Miguel Tellado (@Mtelladof) May 6, 2025
Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuestionó abiertamente la imparcialidad del juez Peinado. Desde el Senado, declaró que esta causa ya no preocupa a “la gente honesta y con la conciencia tranquila”, sino a quienes “defendemos el buen nombre e imparcialidad de los jueces”.
La UCM debe aclarar la contratación de la coordinadora del máster de Gómez
El juez solicita información detallada sobre Blanca de Juan de Castro
En una providencia paralela, el magistrado ha solicitado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) un informe detallado sobre el proceso de contratación de Blanca de Juan de Castro, coordinadora del máster dirigido por Begoña Gómez. El juez pide conocer los criterios de selección, sus tareas, su retribución y la fuente presupuestaria que cubrió su salario.
Este requerimiento se produce tras la declaración de Juan de Castro ante el juez el pasado 26 de febrero, donde afirmó que fue la propia Gómez quien le propuso coordinar la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Negó haber tenido contacto con el empresario Juan Carlos Barrabés ni haber gestionado fondos para la cátedra. También señaló que, aunque ocasionalmente copió a Cristina Álvarez en correos electrónicos, estos solo versaban sobre la agenda de Gómez.
En sede judicial y en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, Juan de Castro defendió no haber sido presionada para acelerar procedimientos administrativos y evitó responder sobre asuntos judicializados.
