El Tribunal de Apelaciones reactiva los aranceles de Trump mientras se resuelve el recurso del Gobierno
El Tribunal de Apelaciones ha frenado el fallo que bloqueaba los polémicos gravámenes mientras se resuelve el recurso del Gobierno estadounidense
Los aranceles impuestos por Donald Trump, que fueron recientemente bloqueados por una corte federal, vuelven a estar en vigor de forma temporal. Así lo ha determinado el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, que ha restituido estas tasas mientras estudia el recurso interpuesto por el Ejecutivo. La medida, de carácter provisional, se aplicará hasta que se emita un fallo definitivo.
En un comunicado, el tribunal explica que “la solicitud de suspensión administrativa inmediata se estima en la medida en que las sentencias y las medidas cautelares permanentes dictadas por el Tribunal Internacional del Comercio en estos casos se suspende temporalmente hasta nuevo aviso mientras este tribunal considera los documentos de las mociones”.
¿Quién decide sobre los aranceles?
La Corte de Comercio Internacional había anulado el grueso de los aranceles al considerar que Trump se extralimitó en sus funciones. Según la Constitución estadounidense, es el Congreso quien tiene la autoridad para imponer tarifas comerciales, no el presidente. En su fallo, los jueces calificaban estas decisiones como “inadmisibles”, señalando que los aranceles “exceden cualquier autoridad otorgada” por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacionales de 1977.
“El uso [de esa ley] es inadmisible, no porque sea imprudente o ineficaz, sino porque [la ley] no lo permite”, apuntaban los magistrados. La decisión respondía a demandas presentadas tanto por cinco empresas importadoras estadounidenses como por una docena de estados —en su mayoría gobernados por demócratas— que cuestionaban la legalidad de las medidas.
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 30, 2025
Aranceles como arma política y económica
Trump convirtió los aranceles en herramienta central de su política comercial. Impuso un 145% a la mayoría de productos procedentes de China, lo que provocó represalias por parte de Pekín con tasas del 125% a las exportaciones estadounidenses. También gravó con un 25% las importaciones desde Canadá y México, desatando tensiones con sus vecinos.
El 2 de abril, el presidente fue más allá al anunciar lo que denominó “aranceles recíprocos amistosos”, dirigidos a todos los países con relaciones comerciales con Estados Unidos. En un acto en la Casa Blanca, Trump proclamó lo que llamó “independencia económica”, asegurando que el país había sido “estafado” durante décadas por sus socios internacionales.
Críticas desde la Casa Blanca y el entorno de Trump
La decisión judicial que anulaba los aranceles fue recibida con rechazo en la Casa Blanca. Karoline Leavitt, portavoz del Gobierno, expresó su malestar: “Los tribunales no deberían tener ningún papel en este asunto”. A su juicio, existe “una tendencia preocupante y peligrosa de jueces no elegidos que se insertan en el proceso de toma de decisiones presidenciales”.
President Trump is rebalancing our trade agreements with the entire world, bringing in billions of dollars in tariff revenues, and finally ending our country from being ripped off.
— Karoline Leavitt (@PressSec) May 29, 2025
But America cannot function if President Trump has his sensitive diplomatic and trade negotiations… pic.twitter.com/TMcnKEQz5J
Stephen Miller, subdirector del gabinete político de Trump, fue más contundente. En una publicación en X (antes Twitter), denunció que “el golpe de Estado judicial está fuera de control” y añadió: “Vivimos bajo una tiranía judicial”. Trump, por el momento, no ha realizado declaraciones públicas.
We are living under a judicial tyranny. https://t.co/hTwK6rz9Pe
— Stephen Miller (@StephenM) May 29, 2025
Todo en manos de la Corte
El recurso presentado por el Gobierno sigue su curso. Las partes tienen hasta el 9 de junio para presentar sus alegaciones, momento en el que el Tribunal de Apelaciones deberá decidir si los aranceles son legales o no. Hasta entonces, los gravámenes permanecen vigentes, en una batalla legal que podría terminar escalando hasta el Tribunal Supremo, si el Ejecutivo decide dar el paso.
Lo que está en juego no es solo una cuestión económica, pues el resultado de este litigio podría marcar un precedente sobre hasta dónde puede llegar un presidente en el uso de medidas comerciales unilaterales.
