La Justicia de EE.UU. frena los aranceles de Trump por inconstitucionales
Un tribunal federal detiene parte clave de la política comercial de Donald Trump al considerar que excede sus atribuciones y vulnera la Constitución

La política arancelaria de Donald Trump, uno de los pilares de su segundo mandato, ha sufrido un importante revés. Un tribunal federal estadounidense ha dictaminado que varios de sus aranceles internacionales son inconstitucionales y, por tanto, deben ser suspendidos de forma definitiva.
La decisión, emitida este miércoles por un panel de tres jueces de la Corte de Comercio Internacional, establece que los aranceles “globales y de represalia” promovidos por Trump violan los límites que impone la legislación vigente. En concreto, se afirma que estas medidas “exceden cualquier autoridad otorgada” por la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), una norma de 1977 que regula las facultades del Ejecutivo en tiempos de crisis internacional.
Sin base legal para aplicar aranceles globales
“Una extralimitación presidencial”
La corte ha ordenado que las medidas sujetas a la IEEPA —entre ellas, los aranceles globales y recíprocos anunciados el pasado 2 de abril, así como anteriores decisiones dirigidas a países como Canadá, México y China— deben ser suspendidas de inmediato. “Su operación queda permanentemente prohibida”, dicta el fallo.
El razonamiento de los jueces se basa en que el presidente ha superado las atribuciones que el Congreso le otorga, incurriendo así en una violación constitucional. Esta resolución llega tras analizar dos demandas independientes, presentadas tanto por empresas como por varios estados, que denunciaban el impacto económico y legal de los aranceles impuestos.
Reacción del Gobierno y del mercado
Desde la Casa Blanca no tardaron en pronunciarse. Kush Desai, portavoz del Gobierno, emitió una escueta declaración a la cadena CNBC adelantando que apelarán la decisión judicial. En ella, Desai subrayó que “no es trabajo de jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”.
El Ejecutivo sigue defendiendo que el déficit comercial estadounidense, agravado por prácticas comerciales desleales de otros países, constituye una “emergencia nacional”. Aunque el tribunal no pone en duda esos efectos negativos, sí objeta el modo en que se ha intentado contrarrestarlos.
El impacto económico y político del fallo
Uno de los efectos inmediatos de la sentencia se ha visto en los mercados financieros. Wall Street ha reaccionado con entusiasmo ante el bloqueo de las políticas arancelarias, una fuente constante de incertidumbre para los inversores. El temor a una escalada de tensiones comerciales había generado nerviosismo en los últimos meses, por lo que esta decisión judicial ha sido interpretado como una señal de estabilidad.
Es relevante señalar que gran parte de estos aranceles ya estaban en suspenso desde el 9 de abril, cuando Trump decidió reducir temporalmente los gravámenes al 10% durante un periodo de 90 días, a fin de renegociar condiciones con los países afectados. Sin embargo, la intención de la Casa Blanca era mantenerlos como herramienta de presión.
Una decisión con implicaciones a largo plazo
El panel de jueces que firmó la resolución estaba compuesto por magistrados nombrados por presidentes de distintos signos: Ronald Reagan, Barack Obama y el propio Trump. Esta diversidad refuerza la legitimidad del dictamen, al dejar claro que no responde a una inclinación partidista.
El mensaje de fondo es claro: incluso en tiempos de crisis, el poder presidencial tiene límites. Y es que, aunque el Ejecutivo intente actuar en nombre del interés nacional, sus decisiones deben encuadrarse dentro del marco constitucional y legal aprobado por el Congreso.