La votación de la propuesta, en el marco de la Junta de Gobierno Extraordinaria, estaba prevista para este jueves y se ha pospuesto 24 horas -se celebrará el viernes 31, a las diez de la mañana- «a petición de algunos miembros», según recoge la nueva convocatoria.
La propuesta, que ha sido reformulada hasta tres veces por el Ministerio de Hacienda y negociada con la cúpula de la FEMP, cuenta en principio sólo con el apoyo de los socialistas (12 miembros de los 25 que componen la Junta de Gobierno), lo que impediría que saliera adelante.
La Junta de Gobierno está formada por 25 miembros: 12 del PSOE, 10 del PP, uno de IU-Podemos, uno de Cs y uno de PdeCat. De momento, PP y Cs se han manifestado claramente en contra, mientras que IU-Podemos se mantiene en el no pero está dispuesto a negociar hasta el último momento.
El documento de Hacienda permite a los ayuntamientos movilizar 5.000 millones de euros de sus remanentes e incluye, como novedad, el compromiso de ampliar las competencias de las entidades locales esta legislatura.
La propuesta consiste en que los ayuntamientos voluntariamente constituyan un préstamo a favor del Estado por el valor de sus remanentes. El Ministerio les realizaría un ingreso de 5.000 millones de euros: 2.000 este año y 3.000, en 2021. El resto del préstamo se devolvería en 10 años.
Los ayuntamientos podrán destinar el dinero a la agenda urbana y de movilidad sostenible (oferta de vivienda de alquiler o construcción de carriles bici), política de cuidados para personas mayores y dependientes, ayuda a domicilio y teleasistencia y cultura.
La fórmula no convence a la mayoría de los regidores. El PP se ha manifestado en contra al entender que el acuerdo se resume en que los ayuntamientos pierden en 2020 y 2021 el 65 por ciento de sus ahorros y mientras, el Estado gana en liquidez.
Tampoco IU-Podemos se ha mostrado favorable. Este miércoles, en el Congreso, el diputado de En Comú Podem, Jaume Asens, ha asegurado que la propuesta de Hacienda «va en dirección contraria a la tradición federalista» y pretende «tutelar a los ayuntamientos como menores de edad». EL PdeCat, de momento, no ha desvelado el sentido de su voto.
La fórmula por la que ha optado el Gobierno -«imaginativa» en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- salva la legislación actual que veta la posibilidad de que los ayuntamientos registren déficit e impide que puedan usar con carácter general sus remanentes de tesorería.
Este tercer documento recoge como única novedad la posibilidad de que los gobiernos locales «amplíen sus competencias y capacidades» a lo largo de la legislatura, de forma que se fortalezca «el papel de los municipios como unidad territorial básica».
La propuesta también contempla, al igual que los documentos anteriores, la suspensión de la regla de gasto en 2020 y asistencia económica a los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, que se encuentren en riesgo financiero o que al cierre de 2019 hayan presentado signo negativo en el remanente de tesorería.
Además, en otros asuntos, se habilita a los ayuntamientos a prorrogar la ejecución de inversiones financieramente sostenibles cuyos proyectos se iniciaron en 2019 y se dota de un fondo extraordinario de 275 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transporte durante el estado de alarma.
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