Martes 16.10.2018

Cuelgamuros no es Arlinton

Recuérdalo tú y recuérdalo a otros,
cuando asqueados de la bajeza humana,
cuando iracundos de la dureza humana:
Este hombre solo, este acto solo, esta fe sola.
Luis Cernuda.


El gobierno Sánchez ha anunciado la inminente exhumación en el Valle de los Caídos de los restos del dictador Franco y de José Antonio Primo de Rivera, si bien estudia la forma de eludir la más que probable resistencia legal de la familia Franco y de todo tipo por parte del abad de la mencionada basílica. Unos y otros han vuelto a agitarse ante la perspectiva de la exhumación acompañados por el
coro de los nostálgicos de todos los aniversarios del 20N. Este mismo debate se produjo en la primera legislatura del presidente Zapatero en el marco de la tramitación y aprobación de la llamada ley de memoria histórica. Una ley que contó con la beligerancia de la derecha y el temor y la ambiguedad del gobierno.

La diferencia es que hoy ya solamente defienden explicitamente la permanencia de los restos del dictador y el mausoleo del valle de los Caídos los minoritarios grupúsculos franquistas y de extrema derecha, aunque el PP siga mirando para otro lado en una postura tibia de falsa neutralidad reforzada con la elección de su nuevo presidente, y la nueva derecha liberal de Rivera parece que no discute la mencionada exhumación, si bien se distancia de la idea de la ley de memoria sobre la conversión del Valle de los Caídos en un centro de la memoria democrática.

La diferencia con el debate de la ley de memoria es sustancial, porque entonces y durante la segunda legislatura de Zapatero el rechazo a la exhumación por unas u otras razones era mayoritario.

Por eso la Ley de Memoria Histórica, en su artículo 16, se limita a que el Valle de los Caídos se rija estrictamente por las normas aplicables a los lugares de culto y cementerios públicos, a la vez que en él se prohíben los actos políticos o exaltadores de la Guerra Civil o del franquismo.


Además, la ley abría la oportunidad de que el Valle de los Caídos, como lugar de memoria, pudiera adquirir otro significado para sus visitantes y para la conciencia colectiva del país, desde el espíritu de reconciliación y el respeto al pluralismo del pacto constitucional.
La disposición adicional sexta de la ley es un mandato para ejercer actuaciones que contribuyan a convertir este lugar en un lugar de memoria colectiva democrática, de reparación, verdad y reconciliación.
Con estos mismos objetivos, la comisión técnica creada por el Gobierno trabajó entonces en diferentes informes, de carácter documental, arquitectónico y forense.
El cumplimiento además de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 52/2007 de “Memoria Histórica” debia realizarse la reforma del Estatuto de la fundación gestora del Valle de los Caídos para que incluyese entre sus objetivos “honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este periodo histórico y de los valores constitucionales”.

Salvo los informes y las labores de mantenimiento, el resto de los tibios mandatos legales ha quedado, al cabo de una década, en papel mojado, primero por la indecisión del PSOE en el gobierno en la propia tramitación en el Senado y en su lenta aplicación, y después por la abolición de hecho de la ley de memoria decidida por los gobiernos del PP presididos por Mariano Rajoy. 

Nosotros proponíamos entonces el cambio en la todavía actual gestión religiosa a otra civil e institucional del monumento, la reconversión del Valle de los Caídos en un espacio de recuperación de la memoria, de explicación del genocidio y de divulgación de la lucha contra la dictadura. 

En la basílica del Valle de los Caídos están enterrados en diferentes criptas y pisos 33.833 cadáveres, de los cuales 12.410 son de personas desconocidas, lo que lo convierte en la mayor fosa común de España, después de las cunetas que lo multiplican por diez.

Según la instruccion del juez Garzón 114.266 desaparecidos, de los que no se ha dado razón de su paradero, y que se enmarca en un contexto de crímenes contra la humanidad.


Nosotros propusimos entonces la entrega de los cuerpos, allí enterrados a la fuerza, a los familiares que lo solicitaran, así como la salida de los restos mortales de Franco y de José Antonio Primo de Rivera a sus panteones familiares para que ese espacio memorial fuera acorde con los principios democráticos y con un enfoque objetivo de la historia.

Una década después el debate sigue en relación al futuro de mausoleo franquista sin los restos de Franco y la administración de los mojes benedictinos en el marco de una reforma de la reforma de la ley de memoria que supere sus ambigüedades e incumplimientos y de la puesta en marcha de una comisión de la verdad como la reclamada por las organizaciones humanitarias internacionales y la fundación Baltasar Garzón.
Las deudas pendientes de la ley son además de la anulación de la apariencia de juicios del franquismo, la asunción de la responsabilidad pública en las exhumaciones.
En resumen, se trataría de declarar la nulidad de esos juicios y sentencias dictadas en Consejos de Guerra y Tribunales especiales. Esa era nuestra propuesta cuando la Justicia aquellos días acababa de rechazar la revisión del juicio a Julián Grimau. 

Además, la anulación de distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personajes y fundaciones ligadas al régimen franquista, algo que no se ha conseguido en su totalidad, y solo a cuenta gotas en años recientes.
En referencia al muy sensible asunto de las exhumaciones, el Estado debe asumir la responsabilidad jurídica que le corresponde y no dejar el tema en manos de asociaciones y particulares, aunque sólo sea por no mantener un agravio histórico con respecto al trato que el mismo Estado dio a las víctimas de los vencedores.

El primer paso a partir de ahora será sin duda la exhumación de los restos del dictador y con ello el final de su carácter de mausoleo y centro de peregrinación y homenaje franquista. Una anomalía para la que en un régimen democrático no debería haber tardado tanto como la duración de la propia dictadura.

Queda pendiente además la respuesta a la legítima demanda de recuperación de los restos de uno y otro bando, trasladados y enterrados sin su consentimiento. Unos nichos que sufren un grave proceso de deterioro como el conjunto monumental, por efecto de las filtraciones y humedades.
Pero sin lugar a dudas lo más importante sería despejar si aún estamos a tiempo y existen condiciones para cambiar radicalmente el significado del cenotafio que sigue siendo 'el monumento por excelencia al franquismo', construido en buena parte con el trabajo forzado de represaliados republicanos, o si por el contrario se trata de un símbolo irredimible para la democracia y sus valores antifranquistas.
A todo esto Ciudadanos ha propuesto un modelo propio, o no tan propio, mimético del cementerio de Arlinton de veteranos de las guerras estadounidenses y equidistante entre el bando legal republicano y el rebelde franquista y así mismo amnésico con respecto a los miles de republicanos forzados en su construcción. 

Para los demócratas, sin embargo, el Valle de los Caidos debería tener más que ver con los campos de concentración nazis y la denuncia del sistema represivo y genocida, como hoy lo es salvando las distancia del horror Mauthaussen, que con el cementerio de Arlinton.
Por que en España de 400.000 presos políticos fueron utilizados como mano de obra esclava, una parte de ellos en la penosa construcción del mausoleo de Cuelgamuros.
Según el historiador Javier Rodrigo « Buena parte de las políticas de construcción de la postguerra están hechas con mano de obra forzosa de prisioneros de guerra. Estos prisioneros provienen de campos de concentración que nacen con la lógica de superponer una política de
violencia represiva, de transformación y de reeducación a esta lógica del aniquilamiento y la eliminación directa ».