Fracasa el proyecto barcelonés de dar una paga de casi 1.300 euros
Entre 2016 y 2019 Barcelona puso a prueba el programa B-MINCOME, que consistía en dar ayudas de hasta 1.297 euros a determinadas familias sin exigir ningún compromiso laboral a cambio.
El estudio "The employement effects of a means-tested guaranteed income policy", publicado en Journal of Public Economics, revela ahora que los perceptores de la paga redujeron su participación en el mercado laboral un 22 %.
Un proyecto piloto del Ayuntamiento de Barcelona
El proyecto B-MINCOME del Ayuntamiento de Barcelona se puso en marcha a modo de programa piloto entre 2016 y 2019, para explorar los efectos de la renta mínima garantizada en combinación con políticas activas de inclusión social y laboral.
Se ofreció una ayuda económica mensual de casi 1.300 euros (la cuantía variaba en función del número de miembros de la unidad familiar) a cerca de 1.000 hogares seleccionados de forma aleatoria entre 5.000 posibles candidatos. A cambio, los perceptores no tenían que asumir ningún compromiso laboral ni de formación.
El objetivo era asegurar un nivel de vida digno y reducir la pobreza estructural, y saber hasta qué punto la falta de condicionalidad podía afectar a la oferta laboral.
La prestación se iba eliminando de manera gradual a medida que los hogares iban obteniendo más ingresos propios. En algunos casos la eliminación de la prestación se hacía euro a euro (se restaba un euro por cada euro ganado), pero en otros se reducía entre 25 y 35 céntimos por cada euro ganado.
"En tanto que se trataba de un proyecto experimental, el objetivo era testear la eficacia y la eficiencia de una política innovadora e integral que combinaba una transferencia monetaria, el llamado Apoyo Municipal de Inclusión (SMI), con cuatro políticas activas de inclusión sociolaboral. Mediante la combinación de estas políticas se pretendía crear un ecosistema que contribuyera a ayudar a los hogares participantes a cubrir sus necesidades básicas y a adquirir una mayor autonomía y capacidad de decisión sobre sus vidas", defendía en su sitio web la corporación barcelonesa, dirigida entonces por Ada Colau.
Resultados del estudio
Seis años después de la finalización del proyecto, los investigadores Timo Verlaat, Federico Todeschini y Xavier Ramos han presentado sus conclusiones.
"Encontramos evidencia sólida de considerables efectos negativos en la oferta laboral: dos años después del inicio del programa, los principales beneficiarios en los hogares tratados tienen un 22 % menos de probabilidades de trabajar que sus homólogos del grupo de control".
La caída del interés en trabajar no afecta únicamente al perceptor, se extiende al conjunto de miembros que viven en la misma casa. Hasta el punto que los hogares tratados presentaban un 14 % menos de probabilidad de tener al menos un miembro trabajando al cabo de dos años.
El estudio sigue la línea de otros informes que, con base en otros proyectos similares, defienden que este tipo de prestaciones acaban convirtiéndose en "trampas de pobreza".
Quienes las reciben ajustan su presupuesto y se amoldan a vivir con lo que tienen, lo que reduce sus incentivos para participar en el mercado laboral y aumentar sus ingresos por su cuenta.
El paper publicado en Journal of Public Economics destaca que la ayuda desincentivó el empleo tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.
Una de las evaluaciones periódicas llevadas a cabo en su momento por el Ayuntamiento de Barcelona ya dejaba entrever esta situación: "en la línea de otros programas de activación laboral, se observa un ligero impacto negativo en la inserción laboral, sobre todo en la modalidad condicionada. De acuerdo a la literatura, este fenómeno (lock-in effect) puede responder al hecho de que participar en las políticas activas (o programas similares) quita tiempo para modificar las preferencias, expectativas y estrategias de búsqueda de empleo a corto y medio plazo".
El inesperado efecto positivo
El estudio ha encontrado un efecto positivo, ya que en algunos casos ese dinero extra que recibieron las familias permitió retirar del mercado laboral a personas que habían asumido responsabilidades de cuidado familiar. Más tiempo en el hogar supone una mejor atención a las personas dependientes y contribuye a una mayor conciliación familiar.
Sin embargo, los efectos negativos han pesado más, puesto que persistieron incluso más allá de los seis meses una vez finalizada la ayuda económica.
