Huelga histórica de jueces y fiscales en defensa de una justicia independiente
La justicia española ha dicho basta. Desde este lunes, 1 de julio, más de 5.000 jueces y fiscales en toda España se han levantado en defensa de su independencia, en una protesta de tres días convocada por las cinco principales asociaciones de sus respectivas carreras. La huelga, anunciada semanas atrás, pone en jaque al sistema judicial y lanza un mensaje rotundo al Gobierno: “Sin independencia no hay justicia”.
Lo que está ocurriendo no es una simple protesta sectorial. Es una reacción institucional sin precedentes contra unas reformas que, según denuncian los convocantes, podrían “desarmar” los fundamentos democráticos del país. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) firmaron una convocatoria unitaria con un objetivo claro: parar un plan legislativo que, en su opinión, convierte la justicia en un instrumento del poder político.
Desde la madrugada, tribunales de toda España han amanecido semivacíos. Solo se han mantenido los servicios mínimos: asuntos con detenidos, medidas cautelares, adopción de decisiones urgentes o causas con plazos perentorios. El resto, paralizado. Y no es un gesto simbólico. Es una llamada de alarma.
Motivos de la huelga de jueces y fiscales: independencia frente a reformas del Gobierno
Lo primero que repiten quienes la apoyan es que no se trata de una cuestión salarial ni de condiciones laborales. Esta huelga, como recalcan los portavoces de las asociaciones convocantes, es por “dignidad democrática”.
Según la AJFV, la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial, prevista por el Gobierno, elimina el examen oral e introduce un modelo “más barato y politizado”. Y es que, en palabras de su portavoz Jorge Fernández Vaquero, “quieren que entren jueces a dedo bajo fórmulas encubiertas”(en alusión a las nuevas vías de acceso sin oposición propuestas por Justicia). Además, el proyecto contempla abrir la puerta a 1.000 jueces sustitutos sin oposición, algo que las asociaciones consideran “una amenaza al mérito y la capacidad que garantiza nuestra Constitución”.
A ello se suma la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El nuevo texto transfiere a los fiscales la instrucción de las causas penales, una medida con décadas de debate jurídico detrás, pero que ahora se ejecutaría con una estructura controlada desde el Ejecutivo. Y es que el fiscal general del Estado lo nombra directamente el Gobierno. “Pasar la instrucción a los fiscales sin garantizar su autonomía real es como entregar el volante al copiloto del Gobierno”, advierten desde la APIF.
El silencio del Ministerio de Justicia
En medio de esta tormenta institucional, el Ministerio de Justicia ha optado por el perfil bajo. Apenas ha emitido declaraciones. Tampoco ha convocado mesas de diálogo tras la publicación de los decretos. Para completar ese silencio institucional, el Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno de los jueces) ha declarado que no reconoce la huelga porque los jueces no tienen derecho legal a secundarla, algo que las asociaciones consideran un “intento de amedrentamiento”.
Desde la Asociación de Fiscales, su presidenta Cristina Dexeus asegura que “es inaceptable que se criminalice la protesta de quienes sostienen el edificio del Estado de derecho”. La tensión ha llegado a tal punto que, según fuentes del colectivo judicial, algunos jueces se han visto obligados a comunicar su adhesión a la huelga por canales internos para evitar represalias.
La concentración del sábado 28 de junio frente al Supremo, punto de inflexión
Antes de que comenzara la huelga, miles de jueces y fiscales se reunieron el sábado 28 de junio ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid. Fue un acto simbólico, convocado por las cinco asociaciones profesionales que lideran la protesta, en defensa de la independencia judicial y del Estado de derecho. A las 12:30 horas, bajo un sol abrasador, la calle Marqués de la Ensenada se llenó de togas, silencio y determinación.
Fue, más que una manifestación, una llamada de auxilio institucional. “Sin independencia judicial no hay justicia”, se leía en el único cartel visible en la cabecera de la concentración, sostenido por miembros de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura también acudieron representantes del Tribunal Supremo, junto a magistrados de distintas audiencias provinciales, jueces de primera instancia y fiscales de toda España.
El acto duró menos de una hora, pero su eco fue inmediato. En la web de la AJFV, se subrayó que “el respaldo ha superado todas las expectativas” y que “la unión de los integrantes de ambas carreras está más firme que nunca”. En efecto, por primera vez en años, las cinco principales asociaciones del mundo judicial —APM, AJFV, FJI, AF y APIF— compartían un mismo frente de acción.
La concentración del sábado fue la antesala de la huelga, pero también un mensaje directo al Gobierno: el Poder Judicial no acepta ser excluido del debate legislativo que afecta a sus propias garantías. Una imagen lo resumía todo: el Supremo custodiado por quienes lo sirven, no por quienes lo dirigen políticamente.
Servicios mínimos garantizados: la legalidad por delante
A pesar de que los jueces y fiscales no tienen reconocido por ley el derecho a la huelga (el Consejo General del Poder Judicial insiste en ello desde 2009), las asociaciones han determinado la prestación de servicios mínimos para no perjudicar gravemente a los ciudadanos.
Según la nota pública de la Asociación de Fiscales, firmada por su presidenta el 27 de junio, se garantizarán todas las actuaciones con detenidos, las medidas cautelares urgentes, los procedimientos con plazos procesales que no puedan suspenderse y aquellos en los que esté en riesgo la libertad, la salud o la seguridad de las personas.
El resto de actividades judiciales han quedado interrumpidas: declaraciones, juicios no urgentes, escritos ordinarios, diligencias preparatorias y vistas civiles, entre otros. En varios juzgados de instrucción de grandes ciudades, se ha podido comprobar que se han aplazado decenas de vistas previstas entre el 1 y el 3 de julio.
Las asociaciones, no obstante, han facilitado canales de comunicación confidenciales para que los jueces y fiscales puedan comunicar su adhesión sin temor a represalias, dado que algunas fiscalías provinciales no han acogido la huelga con la misma sensibilidad.
Una fractura institucional que ya no se oculta
La tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo no es nueva, pero ha alcanzado niveles inéditos. A la controversia por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial se suman ahora estas reformas impulsadas sin consenso y con una tramitación que las asociaciones califican de “precipitada”.
La APM (mayoritaria entre la judicatura) ha emitido un comunicado en el que asegura que “nunca antes se habían tramitado reformas de tanto calado sin el más mínimo diálogo con quienes las ejecutan”. Desde la APIF, por su parte, se alerta de una posible “injerencia política estructural” en el sistema penal, si se aprueba el modelo actual de fiscalía investigadora sin reformar su dependencia jerárquica.
A esta fractura se suma la actitud del Ministerio de Justicia, que ha evitado pronunciarse directamente sobre la huelga y ha derivado la responsabilidad en los órganos de gobierno de jueces y fiscales. El Consejo Fiscal, sin embargo, se ha mantenido al margen de valoraciones públicas.
