La oposición se reclama de la España real y el poder se refugia en la España oficial. Pero seguro que a la oposición le gustaría el intercambio de papeles. Para eso necesita diferenciarse por tierra, mar y aire. Por tanto, nadie debe hacerse de nuevas si el PSOE de Pedro Sánchez sostiene que el Gobierno Rajoy no ha tenido nada que ver en la mejora de la economía española.
Ese análisis permite a los socialistas reconocer que las cosas van algo mejor en ese terreno y alegrarse públicamente de ello, pero precisando a renglón seguido que la causa no está en la Moncloa sino en un entorno internacional caracterizado por la caída del precio del petróleo, la depreciación del euro y la política de dinero barato del BCE.
El entorno internacional en el que España se desenvuelve, bajo el reinado de Angela Merkel y el FMI, nos ha dictado las reformas (mercados del trabajo y del capital, básicamente) sobre los que el petróleo barato, la depreciación del euro y las políticas de Draghi han caído como agua de mayo. Todo ese conjunto (reformas estructurales y noticias de coyuntura), permite a Rajoy hablar de «despegue» y a De Guindos anunciar que vamos a crecer en torno al 2,5 %. Y probablemente acierten. Quiero decir que es creíble. En consecuencia, Sánchez puede haberse equivocado al atribuir exclusivamente al entorno internacional las buenas noticias que nos afectan, sin dejar al Gobierno español otro papel que no sea el de bloquear o entorpecer que el buen momento macroeconómico alcance a las clases media y trabajadora.
Sobre esta derivada social debería centrarse el nuevo equipo de Ferraz en su legítimo esfuerzo por diferenciarse del Gobierno Rajoy y ofrecer a los españoles una alternativa de poder. Es perfectamente compatible reconocer la mejora de la economía nacional y denunciar que se asienta en la precariedad laboral, la devaluación de los salarios, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y el deterioro de los servicios públicos.
La marcha de la economía nacional medida en los despachos no se corresponde con la marcha de los españoles de a pie y sus familias. De hecho ya hemos visto como han ido mejorando los índices de productividad, confianza exterior y crecimiento del PIB, mientras aumentaba la desigualdad y la pobreza. Es como si el sacrificio de las capas más desfavorecidas fuese el precio a pagar por librarnos del rescate, por salir de la recesión, por ganar competitividad y sanear los mercados.
En esa denuncia es donde se retrata un partido socialista. Y se le reconoce cuando Pedro Sánchez dice aquello de que «es indecente e injusto» que el Gobierno decrete el final de la crisis mientras sube el salario mínimo en 3 euros y recorta la Sanidad, la Educación y las prestaciones sociales. O cuando acusa al Gobierno de sus tres golpes a la clase media: la reforma laboral, que ha traído un empleo precario y mal pagado; una reforma fiscal que perjudica al 90% de la población, y la reforma del sistema de pensiones, orientada al fomento del aseguramiento social privado.
Antonio Casado