Los casos de corrupción son tantos y están tan repartidos por barrios y partidos que para poder seguirlos en sus diarias novedades es preciso dotarse de un índice onomástico. El retablo de corruptores y corruptos ha ido adquiriendo tal volumen y son tan principales algunos de los sospechosos de conducta impropia o incluso delictiva que va camino de arruinar el crédito de la clase dirigente española en su conjunto. En un primer registro porque algunos de los nombres que figuran en el centro de las sospechas pertenecen a la primera línea de la política; en otros porque el pueblo observa con inquietud y un punto de ira la pasividad de quienes por estar al frente de las instituciones deberían haber tomado la iniciativa para atajar semejantes practicas. Se pueden poner muchos ejemplos de la falta de interés o incluso de la desidia de las autoridades ante casos sonados de presunta corrupción.
¿Por qué la dirección nacional del PP no ha procedido a investigar el origen de la inmensa fortuna acumulada en Suiza por Luis Bárcenas, gerente y tesorero que fue del partido durante una veintena de años? Y, sobre las empresas y empresarios de la construcción cuyos nombres han aparecido como supuestos donantes de dinero por encima del margen legal establecido, ¿no tiene nada que decir la Fiscalía del Estado?
El retablo de corruptores y corruptos va camino de arruinar el crédito de la clase dirigente española en su conjunto
En el caso de presunto tráfico de influencias por el que está siendo investigado el diputado José Blanco, exministro de Fomento en el Gobierno Zapatero, ¿tampoco tiene nada que decir la dirección actual del PSOE? Y, qué decir del «caso Urdangarin», ¿nadie en La Zarzuela sabía nada acerca de los tratos de favor al contado otorgados al Duque en Valencia, en Baleares, en Barcelona o en Madrid?
Otro asunto. ¿Qué ha hecho la Fiscalía de Cataluña o la Agencia Tributaria ante las denuncias del llamativo enriquecimiento presuntamente irregular de algunos de los familiares más allegados de Jordi Pujol, expresidente de la «Generalitat»? Y, sobre el espionaje y los seguimientos y grabaciones ilegales llevados a cabo por la ya famosa agencia de detectives Método 3, ¿es que, de verdad, alguien puede creerse que la policía, el Ministerio del Interior y los diferentes servicios de seguridad e información del Estado (Guardia Civil, CNI) se han enterado ahora, cuando el escándalo ha llegado a los periódicos? Siendo tan abultada la nómina de personalidades espiadas, el comisario europeo Joaquín Almunia, tres presidentes autonómicos (Montilla, González, Barreda), un consejero de la «Generalitat» (Puig), jueces y fiscales… etc. ¿Todos ellos circulando por la vida con protección policial y nadie, ningún agente, ningún escolta, se percató de que estaban siendo seguidos y espiados? ¿Es creíble que tanta gente -hablo de los profesionales- pudieran estar todo el tiempo en la inopia? Sería el colmo. No parece creíble. Más plausible y más descorazonadora resulta la idea de que si no en todos, en algunos de estos asuntos, quienes tenían la obligación de cortar por lo sano y denunciar la corrupción estaban obligados al silencio por pertenecer los pillos a su misma familia política. Callaron para evitar el escándalo. Ahora tienen que pechar con el escándalo y con el repudio político que apareja. Si en todos estos casos la justicia no actúa con la debida celeridad, esto no aguanta. Digámoslo pronto: la corrupción pudre la democracia.
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Fermín Bocos