El Gobierno, al hilo de su obligación de afrontar decididamente la hercúlea tarea de recortar el déficit público, nos anunció una subida del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero acompaña dicha medida con sus previsiones que estiman que el impacto de la misma en términos de consumo no será significativo, porque han calculado que la mitad del incremento impositivo será absorbido por los empresarios a través de un recorte de los precios de los productos y servicios, amortiguando así el efecto final en los consumidores. Más allá de lo sorprendente que nos pueda resultar la precisa predicción, en dicha exposición de los hechos subyace una falacia o un despropósito.
Toda definición académica o técnica del Impuesto sobre el Valor Añadido, en cualquier país del mundo que aplique un tributo de esta naturaleza (llámese TVA, VAT, Impuesto sobre el Valor Agregado…), subrayará como su característica esencial la de ser un impuesto en cascada, cuya vocación es la de resultar neutro para el empresario o profesional y tener como único destinatario a efectos de gravamen al consumidor final. Por lo tanto, introducir una modificación consistente en un alza de tipos con la esperanza de que la dinámica y razón de ser del tributo cambien radicalmente, de suerte que el propio empresario o profesional sea el destinatario final del mismo, aunque sólo sea en parte, o es un ejercicio de voluntarismo, encaminado a aplacar las iras del consumidor con argumentos de una campaña del tipo estolopagamosentretodos.org o directamente es una prueba de que la ignorancia es osada y hemos llegado efectivamente a un momento en que el papel o el power point lo aguantan todo. Si el Gobierno decide tomar una medida como la de subir los tipos del IVA, está en su derecho y en su deber, pero si lo hace sobre la expectativa de que dicho aumento no se traducirá en subida de los precios finales ni afectará a la situación económica global, o se engaña, o nos quiere engañar.
Pero es que además, si se cumpliesen las previsiones del Gobierno y los empresarios absorbiesen parte de la subida impositiva o la totalidad de la misma, ello no sería inocuo para la situación económica global. Porque una disminución de los beneficios empresariales llevaría aparejada una caída de la recaudación en el Impuesto sobre Sociedades en lo que afecta al plano meramente fiscal, así como una reducción de la capacidad de inversión de las empresas y un recorte en la renta disponible de los empresarios que producirían el consiguiente efecto de ralentizar la recuperación del crecimiento económico.
Por lo tanto, ni es de esperar que la subida del IVA la paguen los empresarios, ni sería deseable para la economía en general que así fuera. El incremento impositivo lo pagaremos entre todos, de nuestros bolsillos, y sufriremos además el retardo en la recuperación derivado de la contracción del consumo. Y si no, si los empresarios tienen que asumir el impacto de la medida en sus cuentas de resultados, el efecto negativo se verá incrementado por la disminución de la renta empresarial. Aunque en una cosa sí tiene razón el Gobierno: ésta es la única manera de seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades.
Juan Carlos Olarra