Ya está sobre el papel el presidente Hamid Karzai virtualmente reelegido en su condición de jefe del Estado afgano. Con más del 90 por ciento de los votos escrutados y con una cuenta atribuida de sufragios superior al 54 por ciento, queda establecida -siempre sobre el papel y antes de eventuales revisiones de los resultados- una victoria dentro de la primera ronda, en términos más que suficientes para que no tenga que celebrarse una segunda votación.
Esto es algo incuestionablemente positivo en la propia medida que supone un ahorro cierto de vidas, por hurtársele al talibanismo la ocasión de volverse a ejercitar sobre los votantes, especialmente si quienes sufragan -donde lo hacen- son mujeres, con o sin el burka puesto. Pero hay otras consideraciones que hacer aparte de las siempre referidas a la evitación de muertes. A éstas corresponden de modo especial las víctimas habidas en el norte de Afganistán durante el episodio del reparto del carburante que transportaban camiones militares robados por la guerrilla islámica, ocasión en que la aviación de la OTAN intervino, eliminando guerrilleros y causando, efectivamente, numerosas muertes entre los civiles beneficiarios del reparto.
El asunto es importante. De una parte, la muerte de civiles es resultado que busca la propia guerrilla para explotar en propio beneficio político el daño que las acciones militares de castigo producen entre la población. Pero, de otra parte, esas resultantes, cuando repetidamente se obtienen, son utilizadas también por el poder civil, que las echa en cara de las naciones occidentales presentes en la campaña, permitiendo asimismo, a Karzai y los suyos, escudarse frente a los reproches que se les hacen por los aliados extranjeros, a causa del latrocinio sistémico en que vive instalado ese poder civil de tan inciviles comportamientos.
Todo ello, a su vez, favorece a los islamistas en armas. La tensión que generan por causa de las víctimas civiles de la guerra entre la Administración afgana y al brazo militar extranjero abunda en la perpetuación de la guerra y en la digamos demora del proyecto, políticamente civilizador, de ir construyendo un Estado de prestaciones razonables, capaz de evolucionar hacia magnitudes morales y de eficacia colectiva propias de los Estados de Derecho. Esos sin los cuales resulta inconcebible la democracia.
Por todas esas y otras muchas razones, alemanes, británicos y franceses están de acuerdo en la necesidad de que una Conferencia internacional, bajo los auspicios de la ONU, elabore un programa por objetivos y conforme los correspondientes plazos para que se ponga orden en la construcción de un Estado afgano, puesto que por la marcha que llevan las cosas podrían palidecer a su lado aquellos que fueron los costes en vidas y recursos habidos en su día con el enlace ferroviario entre Moscú y San Petersburgo.
Mientras, en Afganistán, la Comisión de Quejas considera sospechosos los resultados en 600 colegios electorales; de los que se beneficia el patán Hamid Karzai. Alguien con pocas trazas de presidente y muchas de cacique supremo. Así de claro lo turbio de allí.
José Javaloyes