El regreso de las vacaciones de primavera -la eufemísticamente denominada Semana Santa- no puede presentarse más peliagudo para el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Además de las encuestas dominicales de El Mundo y Público que adelantaban ayer una victoria clara del Partido Popular en las elecciones europeas del próximo mes de junio y la de ABC según la cual el Ejecutivo y su presidente no inspiran una suficiente confianza para afrontar con garantías la crisis, al Gabinete se le ha echado al monte el PNV y la banda terrorista ETA amenaza de nuevo con el asesinato fijando sus «objetivos» en el equipo que pueda formar el próximo lendakari, Patxi López. Por otra parte, la remodelación del Gobierno no ha sido acogida con la expectativas que su envergadura hubiesen merecido, quizás por su mala gestión comunicacional y acaso por una innecesaria precipitación.
En estos momentos los escenarios más angustiosos para el Gobierno socialista son claramente dos: el de la crisis económica que cursa con un desempleo galopante y, probablemente, con una posible deflación, y el vasco, porque Patxi López no está obteniendo receptividad alguna de personajes que, aunque independientes (catedráticos, empresarios) sintonizarían con el constitucionalismo socialista y moderado del PP, se inclinan por no comprometerse en una gestión que estará hostigada por el nacionalismo vasco.
Ayer, el PNV, con ocasión de la celebración del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca), insistió en la autodeterminación y remitió un mensaje de máximo enfrentamiento tanto con el PSE-PSOE como con el PP. La banda criminal ETA no quiso faltar en esa efemérides y se marcó una sonora amenaza contra los socialistas de López. En estas condiciones, el PSE y el PP necesitan ayuda urgentemente tanto del propio Gobierno como de los dos partidos. Aunque el PNV es posible que entre en graves contradicciones en la oposición -se supone que Urkullu se deshará de inmediato de Ibarretxe, al que relegará al grupo parlamentario-, su perestroika, desde luego inevitable, no comenzará hasta que la actual ejecutiva nacionalista logre la cohesión interna y se asegure que el PSE y el PP no prolongan a la Diputación de Álava y al Ayuntamiento de Guecho su pacto en el Parlamento de Vitoria. Sólo cuando tengan bajo previsión el alcance de ese entendimiento, los peneuvistas, muy lentamente, tratarán de reinventarse con personajes que superen la etapa de Ibarretxe y regresen a la de Josu Jon Imaz, que no ha querido moverse de la presidencia de Petronor (Repsol) a la espera de comprobar cómo se decantan las fuerzas en su partido. Es por eso muy importante que el nuevo Gobierno comience a tener una inteligente presencia en la comunidad autónoma vasca. Chaves es una baza, pero lo es más aún Blanco en Fomento y, desde luego, el empresariado medio y pequeño atendería con interés a la nueva vicepresidenta segunda, Elena Salgado.
La labor que ha de emprender el Gobierno que forme López es ciclópea: ha de poner a funcionar a la Ertzaintza en la lucha contra ETA, sanear los medios públicos de comunicación asaltados desde hace años por el radicalismo independentista y proetarra y disciplinar a un funcionariado en buena medida clientelar en el que se van a incrustar los cargos políticos que durante estos años se han asegurado retiradas cómodas a cuenta del erario público. Si ETA actúa -y lo ha hecho bestialmente estuviese quien estuviese en Ajuria Enea- no deberá caerse en la trampa de suponer que con un Gobierno del PNV hubiese sido distinto: las grandes masacres etarras se perpetraron con Garaikoetxea y Ardanza en la presidencia del Gobierno vasco, tanto en ejecutivos del PNV como de coalición con el PSE.
En el frente nacional, el Gobierno tiene que disputar la segunda vuelta de la crisis con el nombramiento de secretarios del estado y generales, comenzando por el de Economía después de que David Vergara haya anunciado que abandona esa responsabilidad que desempeñó con Solbes durante cinco años. Salgado no puede confundirse con su número dos porque sobre él pivotarán gravísimas responsabilidades de gestión. Es preciso un perfil que complete a la vicepresidenta y hasta que la refuerce. Y no hay mucho donde elegir en unos tiempos en los que se administra la miseria y no como antaño, que se manejaba la abundancia. Por otra parte, Salgado ha de ganar fuerza con empresarios y sindicatos ante los que es una desconocida, aunque ni los unos ni los otros tengan mal concepto de ella. Elena Salgado dispone de trayectoria contrastada y es conocida su eficacia; ahora hace falta saber si, además de eficaz, es solvente en sus decisiones y ejerce sus funciones con autonomía y coordinación.
Chaves, mientras tanto, se trae a su gente de Andalucía -que deja desguarnecida y al cuidado de un José Antonio Griñán ya cansado pero al que prefiere sobre otras opciones como las que acariciaba el propio Zapatero- y debe encararse, además de con el País Vasco, con la financiación de Cataluña -clave para que el Gobierno tenga los votos de CiU y ERC en los Presupuestos del 2010- y la difícil interlocución con Madrid, Valencia y Galicia. Blanco lo tiene más fácil porque podrá repartir dinero; Gabilondo complicado porque no hay peor cuña que la de la misma madera y habrá de lidiar con sus colegas; González Sinde, peor aún porque se enfrenta con ese magma anónimo de internautas que no están dispuestos a que la Red no sea lo que es ahora -el puerto de Arrebatacapas-, y Trinidad Jiménez habrá de bordear el milagro porque para la Ley de Dependencia quedan unos recursos que no permitirán desarrollarla significativamente hasta dentro de varios años.
Mientras, en el PP se respira una cierta euforia que se representará esta semana con la investidura de Núñez Feijóo como presidente de la Junta de Galicia. El llamado ‘caso Gürtel’ y la trama de espionaje -supuesta- de la Comunidad de Madrid darán titulares, pero Rajoy y sus asesores saben que la contundencia de la recesión y de los datos que arroja mes a mes -PIB, desempleo, actividad industrial, confianza- resultan, a la postre, sus mejores argumentos contra el Gobierno socialista.
Es muy posible que Aguirre, para alinearse con la facción mayoritaria del partido y siguiendo las sugerencias de Rajoy, remodele su Gobierno en Madrid. Existe un pacto implícito en función del cual la trama presunta de espionaje no se investiga en Génova -sigue la tramitación por el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de las denuncias presentadas-, pero, a cambio la presidenta merma sustancialmente el poder de González y de Granados. La lideresa es muy consciente de que tiene a tres parlamentarios autonómicos imputados, siendo uno de ellos hasta hace semanas consejero de su Gabinete. Está obligada a mover ficha para no estropear el momento dulce del PP: Rajoy no quiere que en la campaña de las europeas le saquen a relucir las malas compañías de la dirigente madrileña ni le arrojen corrupciones, probadas o supuestas, sobre sus discursos en las decenas de mítines que tiene proyectados por toda España para, en junio, enviarle a Rodríguez Zapatero el siguiente telegrama: ZP, esto se ha acabado. Eso es lo que, al menos, suponen en la sede de los populares, que esperan también que el individuo que les zahiere por las mañanas pase el verano fuera de la sombrilla episcopal, o sea, a pleno sol. Y a ser posible como los protagonistas de Lunes al sol: en el paro radiofónico. Mientras, Javier Arenas se ve en el Palacio de San Telmo. Tiempo al tiempo.
José Antonio Zarzalejos