En claro contraste con la autoevaluación positiva que hizo ayer Nicolas Sarkozy ante el Parlamento comunitario, la europresidencia de turno francesa acaba con menos brillantez que la anunciada seis meses atrás y la pretendida con los sucesivos anuncios de iniciativas relevantes para abordar el difícil momento institucional que atraviesa la Unión. Pasando de las palabras a los hechos, no sólo no se ha avanzado en solventar las evidentes carencias institucionales, sino que la cumbre de cierre de la semana pasada, en Bruselas, dio un relevante paso atrás para tratar de superar el bloqueo derivado del rechazo irlandés al Tratado de Lisboa.
El semestre ha estado dominado por la consumación de una crisis económica profunda que ha situado la práctica totalidad de las economías europeas en fase de recesión. Una situación frente a la que, más allá de los gestos, no ha existido nada parecido a una respuesta común, armonizada o mínimamente consensuada, siquiera en el área adherida al euro, la moneda única y común. La última reunión del Consejo no hizo más que certificarlo, pese a los esfuerzos previos para consensuar voluntades en torno al programa propuesto por la Comisión. Al final, resultó poco más que una declaración de principios en torno a la utilización del gasto público para animar la actividad, aunque con serias discrepancias sobre su alcance y materialización.
Aunque la retórica comunitaria sigue teorizando sobre la necesidad de avanzar en la configuración de políticas europeas, la realidad es que no dejan de ganar terreno los enfoques estrictamente estatales, tanto más cuanto más importantes son los asuntos a considerar. Sin duda, las insuficiencias de la arquitectura institucional comunitaria para articularlas no son achacables a la presidencia semestral todavía en curso -la República Checa la asumirá el próximo 1 de enero-, pero se puede anotar en su debe no haber articulado propuestas para subsanarlas, al menos en el plano económico: superando la falta de engarce entre Eurogrupo, Ecofin, Comisión y BCE.
El por ahora durmiente Tratado de Lisboa planteó tímidos avances para resolver parte de los problemas, pero su entrada en vigor no sólo ha quedado pospuesta a fecha indeterminada, sino que su redacción ha sido modificada en sentido regresivo. Para intentar un triunfo del sí en un segundo referéndum en Irlanda, se ha vuelto a instaurar la cuota de un comisario europeo para cada país miembro, renunciando al propósito de reducirla a quince integrantes, en claro detrimento de su operatividad y desandando el camino de orientar el funcionamiento de la Unión en sentido más comunitario que estatal.
Mantener la cuota de un comisario por socio tiene más implicaciones que su amplia composición numérica. Entraña perpetuar una filosofía excesivamente nacional, propiciando entre otras cosas que cada comisario se sienta más representante de su país, cuyo Gobierno lo habrá designado directamente, que impulsor autónomo de políticas comunitarias. Va a forzar, además, el mantenimiento artificioso de comisarías cuyos ámbitos competenciales se superponen e interfieren, restando eficiencia y multiplicando una producción normativa que anda más que excedida, contradiciendo los propósitos sucesivamente reiterados de promover su simplificación.
Enrique Badía