El Gobierno de Turquía ha decretado el estado de emergencia durante tres meses para hacer frente a las corrientes golpistas en el país y combatir «la amenaza a la democracia». La decisión fue anunciada por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien afirmó que esta medida busca proteger los valores democráticos.
La medida, regulada por el artículo 120 de la Carta Magna, impone severas restricciones a derechos constitucionales como la libertad de movimiento, la de reunión y la de expresión. Permite imponer toques de queda e impedir el tráfico o el paso por determinados lugares a voluntad de los encargados de su aplicación en cada provincia, habitualmente los delegados del Gobierno.
Además, permite hacer registros sin autorización judicial previa y obliga a las personas que quieran trasladarse a diversos puntos del país a solicitar un permiso especial.
Durante estos tres meses, las autoridades tendrán potestad de prohibir o censurar publicaciones de prensa, radio, televisión y actuaciones culturales, como obras de teatro o películas. La importación de todo tipo de publicaciones y obras producidas fuera de la zona donde rige el estado de emergencia —en este caso, toda Turquía— quedará sujeta a autorización previa. Además, los trabajadores podrán ser despedidos sin tener en cuenta los convenios laborales, excepto en condiciones especiales.
Por otro lado, las purgas iniciadas en la Administración del Estado continuaron en varios ministerios y con especial hincapié en el sector de la educación: 6.538 maestros fueron suspendidos de su empleo, con lo que el número de funcionarios cesados, despedidos y apartados de sus cargos desde el sábado se acerca ya a los 60.000, a los que hay que añadir casi 11.000 detenidos por implicación directa en el alzamiento, en su mayoría militares.
Además, a los profesores y empleados de las universidades se les prohibió salir al extranjero y se exigió a los que participan en intercambios fuera de Turquía que regresen de inmediato.
Redacción