En la causa, que investiga la presunta adjudicación a dedo de varios contratos para la redacción de proyectos técnicos de obras, figuran también como acusados el que fuera interventor municipal Miguel Pérez, para el que se piden diez años de inhabilitación, así como los cinco arquitectos a los que se encargaron aquellos contratos, que se enfrentan a una solicitud de condena de ocho años de inhabilitación.
Las conclusiones provisionales de la fiscalía, a las que ha tenido acceso Efe, señalan que tanto el entonces alcalde como el concejal de Urbanismo se aprovecharon de sus cargos para, supuestamente, adjudicar los proyectos técnicos a los arquitectos sin cumplir la normativa contenida en la Ley de contratos de las administraciones públicas.
Y añaden que acudieron a la figura del contrato menor, por ser menos exigente en sus requisitos y gozar de mayor libertad en su adjudicación.
Dice también la acusación estatal que en ocasiones acudieron incluso al encargo verbal, lo que está prohibido.
En cuanto al papel del interventor, la fiscalía indica que se le considera también autor del mismo delito, en comisión por omisión, porque por su cargo estaba obligado a ejercer un control de legalidad de los contratos, lo que, presuntamente, no hizo.
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