En un comunicado de prensa, esta asociación, que ejerció en la causa la acusación popular, ha expresado su «perplejidad» por el fallo judicial absolutorio respecto a Francisco G.S. ya que, pese a que el tribunal considere «acreditado» el narcotráfico, indica en la sentencia que el delito ya está prescrito.
«Se trata de unos hechos de especial gravedad», ha indicado la AUGC, que ha recordado que el procesado era en el momento de los hechos máximo responsable de los equipos antidroga en Granada y posteriormente pasó a ocupar un puesto en la Dirección General.
«Ahora quedan sin castigo a causa de la exasperante lentitud de la maquinaria administrativa que, de este modo, provoca que quede impune una acción contra la salud pública cometida precisamente por la persona cuyo cometido era preservarla», ha advertido.
Para la asociación, este «fracaso» deja en evidencia el «anquilosamiento burocrático» de la Guardia Civil que, una vez más, no supo reaccionar con la celeridad necesaria para combatir la «corrupción» dentro del cuerpo, como tantas veces ha denunciado.
Según este colectivo, la Guardia Civil debe aspirar a convertirse en una institución «abierta y transparente» y dejar atrás el «hermetismo» que todavía arrastra desde tiempos pre-democráticos, ya que «solo de este modo podrán afrontarse situaciones como las del coronel» ahora absuelto.
Para la AUGC, esta falta de consecuencias de la comisión de un grave delito por parte de un alto mando contrasta además, «de un modo grosero y doloroso», con el ensañamiento que se produce desde la Dirección General contra agentes de base, al abrírseles expedientes disciplinarios por únicamente ejercer sus funciones como representantes de una asociación profesional.
Según recoge la sentencia a la que tuvimos acceso este martes, la responsabilidad del acusado Francisco G.S. por el delito contra la salud pública «prescribió» y el delito de cohecho activo no ha sido «debidamente acreditado».
Este caso sentó en el banquillo de los acusados al coronel, para el que la Fiscalía solicitaba nueve años y tres meses de cárcel por delitos contra la salud pública y cohecho, además de una multa de 6,3 millones de euros.
También estaban acusados David G.M. y Rachid Z., ambos en busca y captura y ya declarados en rebeldía por no haber comparecido en distintas citaciones judiciales.
La Audiencia estima acreditado, por un «conjunto de razones» y como resultado de la valoración de la prueba, el delito contra la salud pública atribuido a Francisco G.S., y no acoge la «abundante argumentación que, según su defensa, lo exonera, o plantea razonables dudas, sobre su participación en el mismo».
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