En un escrito remitido al delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, la madre granadina le pide que «inste a quien corresponda» para garantizar «la protección jurídica internacional» de sus hijos, de 13 y 5 años, y que requiera «la plena colaboración y cooperación» del Gobierno de Italia, donde los niños viven con su padre.
El documento, al que ha tenido acceso Efe, también pide a Fernández que «impulse» esa misma petición a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados «para que a su vez insten a los diputados del Parlamento Europeo» a tomar las medidas oportunas.
El escrito, registrado el 31 de julio y firmado por Juan de Dios Ramírez, uno de los componentes del equipo legal que defiende a Rivas, coincide con la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia de Granada que confirmó la condena de la mujer a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores.
Rivas desea que el Congreso promueva «cambios legislativos» para garantizar la seguridad de las víctimas de maltrato y violencia de género, así como que se dirija a la Eurocámara para que los convenios europeos sobre víctimas de violencia de género «tengan una aplicación real en la práctica».
A través de su abogado, Rivas recuerda la denuncia que interpuso en 2016 «a raíz de los últimos acontecimientos acaecidos en Italia», que considera que son «consecuencia de la desprotección jurídica» de sus hijos.
El Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Granada se declaró incompetente e instó a Rivas a era remitirla a Italia, donde, «tras un larguísimo periplo administrativo y judicial», recayó en un juzgado de Cagliari.
Ramírez denuncia que Rivas sufre una «situación de desprotección» y alega que eso la llevó a solicitar al Congreso y al Parlamento Europeo que ejecutase los «mecanismos legales» necesarios para que la denuncia se tramite «sin más demoras».
También recuerda que el 4 de marzo de 2018 reclamó al Ministerio de Asuntos Exteriores «amparo y protección jurídica Internacional» basándose en que España e Italia han ratificado el Convenio de Estambul sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.
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