En un principio, la sección segunda de lo Penal, a la que corresponde juzgar esta causa, tenía previsto celebrar este juicio entre el 6 de mayo y el 4 de julio, pero a petición de abogados que se encuentran inmersos en otros juicios como el de Bankia, el tribunal ha optado por retrasar el señalamiento.
De este modo, la Sala ha fijado como nuevas fechas el 3, 4, 5, 6, 17, 18 y 20 de junio; en julio solo se celebrará la vista oral los días 8, 10 y 11 y en septiembre se retomará el día 10 y está previsto que se prolongue hasta el 26 de ese mismo mes.
Por estos supuestos amaños en la adjudicación de eventos de la feria de Fitur de 2004, la Fiscalía Anticorrupción pide 7 años y 9 meses de cárcel para Correa, Crespo y otros dos presuntos integrantes de la trama, Isabel Jordán y Javier Nombela, todos ellos por delito continuado de falsedad documental y fraude a las Administraciones Públicas.
Para los cinco funcionarios del Ayuntamiento de Jerez procesados en esta pieza separada de la causa principal de Gürtel, el fiscal reclama también 7 años de prisión para José Enrique Agüera (exdirector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC), Manuel Báez Guzmán (exsecretario del Ayuntamiento de Jerez), Milagros Pérez (interventora) y Lourdes Montenegro (técnico municipal), y 2 años para Milagros Abascal (interventora).
Para los nueve acusados el juez pide también 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
Todos ellos deberán responder por tres contratos para el montaje del expositor de Fitur, para un espectáculo ecuestre que se celebraría en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines del Retiro, todos ellos otorgados directamente a las empresas de Gürtel por un precio total de 355.391 euros.
En el auto de apertura de juicio oral, el juez instructor de Gürtel, José de la Mata, relataba cómo las empresas de Correa empezaron a ejecutar los contratos sin que ni siquiera se les hubieran adjudicado formalmente, una adjudicación que se hizo además sin concurso público y, en algunos casos, como contratos menores y sin publicidad.
De hecho, los contratos y demás documentos administrativos fueron elaborados una vez finalizada la feria turística, según el juez, que detallaba además que el organismo público que los concedió, el IPDC, no tenía competencias para ello.
Las empresas adjudicatarias elaboraron los presupuestos de los tres contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebración de la feria, lo que demuestra, según el magistrado, que los expedientes «se construyeron» después de Fitur y que «todas las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas».
A los funcionarios se les imputa llevar a cabo los amaños para facilitar la concesión de los contratos y suscribir los expedientes administrativos relativos a ellos, en los que incurrieron, según De la Mata, en «groseras ilegalidades».
Por su parte, según el juez, los integrantes de la trama Gürtel Jordán y Nombela «fueron conscientes de la situación y de los objetivos injustos desde el primer momento», concretamente desde las primeras reuniones que mantuvieron con el periodista Isidro Cuberos, que hace un año fue encontrado muerto en un barranco junto a su motocicleta.
Según el magistrado, Cuberos, que fue jefe de prensa de Javier Arenas hasta 2001, medió entre la red Gürtel y el Ayuntamiento y se reunió con los miembros de la trama para definir «todo el plan» que serviría para adjudicar los contratos de manera irregular.
Redacción