El testigo protegido de la que fuera titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, en la causa de las presuntas irregularidades de los cursos de formación financiados por la Junta, y actual jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, Teodoro Montes, ha afirmado este viernes que «el negocio del siglo en la Junta en un periodo amplio de tiempo ha sido la formación».
Durante su comparecencia ante la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación, Montes ha manifestado que la formación ha sido beneficioso para las empresas y para la Junta, que «ha obtenido pingües beneficios por influencias, poder y relaciones de todo tipo». Además, ha denunciado que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos, UGT y CCOO, han recibido un «trato de favor» en la adjudicación de los cursos con respecto al resto entidades.
Montes, cuya imagen no se ha facilitado por mandato judicial, a cuenta de su condición como testigo protegido, incluso se ha referido a una posible «red clientelar» en la gestión de las subvenciones de los cursos de formación, de manera que ha defendido que con la formación se ha perdido dinero público.
«La norma tiene tantos agujeros como un colador y no se tapó ninguno a pesar de que la norma preveía que con el tiempo se iban a ir tapando», ha advertido Montes, quien también ha relatado que la falta de control en los cursos se agravaba por la falta de personal, toda vez que «un técnico llegó a tener asignados más de 200 cursos cuando la media idónea era de entre 50 y 60», por lo que «era imposible gestionarlo».
Además, durante varios momentos de su intervención, ha hecho alusiones al «acoso laboral» que ha recibido en su departamento y que «sigue recibiendo» a día de hoy «cada vez de forma más intensa» a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado una sentencia a su favor por este asunto. Por ese «acoso», según ha indicado, incluso sus superiores «han tratado de alejarme de toda la información para impedirme el desempeño normal de mis funciones».
Cabe recordar que Teodoro Montes fue una de las diez personas que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvieron el 28 de julio del año pasado 2015 en el marco de la segunda fase de la Operación 'Edu' en la provincia de Sevilla. Los agentes consideraron que Teodoro Montes podía haber incurrido en delitos de prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad documental.