El paisaje se transforma en época electoral cargado de vallas, banderolas y carteles. Los muros y las farolas vuelven a convertirse en el merchandising más arcaico, pero efectivo. Más es mejor y mucho lo adecuado. Las caras de los aspirantes a representantes observan estáticas a los paseantes para convencerles sin estrategias subliminales del “vóteme a mí”. Pero detrás de cada valla, cada banderola, cada cartel e incluso, de cada cuña radiofónica, sólo hay un misterio: dinero.
El presupuesto de cada partido viene marcado por su representación institucional y número de afiliados. En Génova 'tiran' de billetera y alardean de 20,5 millones de euros para su campaña. Muy lejos de los ‘populares’, con un presupuesto de 7,8 millones de euros para propaganda está el PSOE. Detrás de los dos 'transatlánticos' se instala Izquierda Unida con 2,2 millones. Quedan cerca Ciudadanos con 2 millones de euros y Podemos con 1,2 millones de euros. Los partidos de Albert Rivera y Pablo Iglesias se enfrentan a un duro reto: deberán llevar sus mensajes lo más lejos posible, pero con apenas un 10% del presupuesto del PP. Por último, y con síntomas graves de defunción, cierra la lista UPyD con apenas 185.000 euros. Ningún partido aclara a EstrellaDigital.es cómo se desglosa ese dinero por municipios ni en las distintos formatos de propaganda electoral La proeza la marca Podemos, según sus palabras. La formación púrpura ha conseguido que su financiación esté fuera de cualquier control bancario. Sus 1,2 millones de euros llegan de los microcréditos de sus simpatizantes, según aseguran. El Tribunal de Cuentas reconoció a principios de año que existe un vacío legal en la financiación a través de este sistema. Alertó de la necesidad de regularlo porque hay dificultades para conocer la procedencia real del dinero.
11 céntimos de publicidad por ciudadano
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece el límite de presupuesto para propaganda por municipio. El gasto no puede exceder el resultado de multiplicar 0,11 euros por el número de habitantes, que en una población de 150.000 habitantes como Marbella, Salamanca o Logroño sería de 16.500 euros por partido, a los que habría que sumar otros 150.000 euros por provincia a la que se presente.
El precio de colocar la cara de un candidato en una sola banderola alcanza una media de 30 euros. En la publicidad de las vallas hay que tener en cuenta dos factores, la impresión y el alquiler de la misma. La impresión ha bajado con las últimas tecnologías, antes lo caro era el papel, pero ahora las vallas son de vinilo. El nuevo sistema suele costar 150 euros por valla y el alquiler ronda entre los 200 y 300 euros de media por quince días. En total, poner publicidad en una sola valla cuesta al menos unos 450 euros de media. Este dinero sería sólo de la partida de publicidad exterior. A eso hay que sumarle los anuncios en prensa o las cuñas radiofónicas, donde en una ciudad de 100.000 habitantes los precios por cuña suelen estar entre 10 y 15 euros. Una cifra que habría que multiplicar por el número de veces que se emite el anuncio al día. Si el anuncio se repite 50 veces en 24 horas, el coste ascendería como mínimo a 500 euros diarios.
Los gastos en buzoneo como folletos o papeletas electorales entrarían en otra partida. El Estado subvenciona a los diferentes partidos el envío de propaganda electoral con 0,18 euros por elector y 270 euros por concejal electo que tenga en el municipio.
El Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar el gasto de cada partido en propaganda, denunció a principio de año que PP y PSOE incumplieron la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en las elecciones europeas de 2014. La ley obliga a los partidos a abrir una cuenta específica para costear los gastos de campaña y a enviar todos los movimientos que se han hecho con la misma. Según el Tribunal de Cuentas, el PP abonó 28.000 euros a proveedores desde una cuenta diferente y el PSOE pagó 39.700 euros en efectivo.
Los partidos políticos están obligados a presentar su contabilidad electoral al Tribunal entre los 100 y 125 posteriores a la celebración de elecciones, en este caso, septiembre de 2015. La documentación debe estar completamente detallada, diferenciando la subvención estatal para envíos postales y justificando cada partida y la fecha de cobro o pago de la misma. Además deben indicar de dónde procede el dinero en caso de aportaciones privadas y si han pedido algún crédito. Las deficencias sólo se pueden detectar unas vez pasadas las elecciones.