El Gobierno considera que el registro del domicilio del exministro y exdirector del FMI, Rodrigo Rato, demuestra que es «implacable» en la lucha contra el fraude, que el sistema de Derecho funciona y que la garantía de la ley es «igual para todos». Además, entiende que tiene que «tranquilizar» a los ciudadanos el hecho de que se actúa ante cualquier «indicio de incumplimiento» de la ley y con independencia de los «nombres y apellidos» del investigado.
Así se han pronunciado en los pasillos del Congreso tanto el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, al ser preguntados por la decisión de agentes de la Agencia Tributaria de registrar la casa en Madrid de Rato, al que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) investiga por un posible delito de blanqueo tras acogerse a una amnistía fiscal.
El titular de Justicia ha subrayado que este episodio «constata el funcionamiento del sistema de Derecho y la garantía de la ley es igual para todos». Eso sí, ha dicho no tener datos del registro domiciliario y ha evitado comentar si esta acción judicial puede suponer que el caso del exvicepresidente del Gobierno puede ser más grave de lo que se pensaba. «No creo que sea inteligente especular», se ha limitado a señalar.
Por su parte, Ayllón ha recordado que desde el inicio de la legislatura el Ejecutivo ha tratado de dotar de «mayores medios» a la Administración y de «mejores leyes» a los servidores públicos para que puedan perseguir cualquier tipo de fraude. «Este Gobierno y la Administración General del Estado es implacable en la lucha contra el fraude y también es imparcial en cuanto a las actuaciones que se tienen que desarrollar», ha remarcado.
Desde los pasillos del Congreso, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha rehusado opinar sobre la detención de Rato, pero ha admitido que es un suceso «muy duro para todos», en referencia a las filas del PP.
También ha sido preguntada por la detención de Rato la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, quien ha admitido que le «duele» lo que ha sucedido con Rodrigo Rato, que fue vicepresidente del Gobierno del que ella formó parte y al que tiene «mucho cariño», pero ha remarcado que la investigación que ha llevado a su detención demuestra que, al contrario de lo que sostiene la oposición, el Gobierno no toma medidas para «favorecer a sus amigos». En este sentido, ha exigido a todos los que han venido sosteniendo que el Ejecutivo y en especial el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había impulsado la llamada amnistía fiscal para beneficiar a «sus amigos», que «pidan perdón» al titular de Hacienda, porque la regularización extraordinaria de 2012 «ha servido para poner orden en mucha gente».
Reacciones de la oposición
El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ha afirmado que la detención de Rodrigo Rato provoca una «situación de indignación y de alarma social» que exige la «inmediata comparecencia» del presidente Mariano Rajoy para dar explicaciones.
Además, Hernando sostiene que, tras la detención de Rato, «ya no existe ninguna razón» para que el PP se oponga a crear en el Congreso una comisión de investigación sobre la llamada 'amnistía fiscal' de 2012, a la que se acogió el que fuera responsable económico de los Gobiernos de José María Aznar y posteriormente director del Fondo Monetario Internacional (FMI) y presidente de Bankia a propuesta del PP.
Por su parte, el candidato de Izquierda Unida a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, se ha declarado «contento» con la detención de Rato porque consideras que es «una satisfacción» para todas aquellas personas que han sufrido «la estafa de sus ahorros» y «la enorme estafa» de Bankia. Eso sí, ha avisado al PP de que «queda mucho por salir» y que debería estar preocupado por que «se convierta en tendencia» la detención de personalidades tan relevantes de su partido, como quien fue su portavoz parlamentario, vicesecretario general y vicepresidente económico.
Garzón también ha llamado a reflexionar sobre el hecho de que un ministro de Economía y un director del Fondo Monetario Internacional (FMI) acabe detenido por blanqueo de capitales. «Como sociedad, hay que hacérselo mirar», ha dicho en los pasillos del Congreso.
Desde CiU se ha pedido una investigación «rápida y profunda» para aclarar la denuncia contra el exvicepresidente económico del Gobierno. El portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, ha querido dejar claro su respeto a la presunción de inocencia de Rato, «como con cualquier ciudadano», pero también ha exigido que «se proceda a una investigación rápida y profunda, lo más eficazmente posible, para disipar estas cuestiones que son de interés de los ciudadanos españoles».