A ningún partido le interesa una nueva convocatoria electoral en Andalucía. La mayoría (aunque no absoluta) de Susana Díaz es lo suficientemente fuerte como para advertir al resto de formaciones que unas nuevas elecciones pude perjudicarles. Pero aún así, los acuerdos parecen encallados. Las exigencias que PP, Podemos y Ciudadanos plantearon este jueves a la presidenta de la Junta en funciones y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, para apoyar su investidura ante el Pleno del Parlamento, complican especialmente el escenario de la lideresa socialistas, que además de los 47 votos favorables que tiene asegurados (son los escaños que obtuvo en las elecciones del pasado domingo), necesita 8 «síes» o abstenciones para conseguir formar Gobierno.
Para ello no le vale el apoyo de IU. El coordinador general de IULV-CA y candidato, Antonio Maíllo, ya ha comunicado a Díaz su no, pero lo cierto es que sus cinco votos tampoco son suficientes para asegurar la investidura de la presidenta. El PSOE necesita el apoyo del PP, Podemos o Ciudadanos para poder formar Gobierno. Ello no significa que se vaya a facilitar un Gobierno de coalición como si formó en 2012 con IU. De hecho, Díaz ya ha dejado claro que su victoria es lo suficientemente amplia como para gobernar en solitario. Claro que las negociaciones para lograr ser investida presidenta están siendo más complicadas de lo que inicialmente pudo parecer.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió en campaña que dejaría gobernar a la lista más votada. Pero ahora, su pupilo en la región, Juanma Moreno, ha impuesto condiciones. Según fuentes 'populares' consultadas por estrelladigital.es, esta promesa no pasa por facilitar al PSOE el Gobierno, sino por no pactar con otras fuerzas políticas para crear una alternativa. Un escenario complicado para el PP, teniendo en cuenta con que tampoco cuenta con aliados que le permitan hacer algo así. Ni el hipotético apoyo de Ciudadanos le bastaría para constituirse como alternativa. El PP sabe que en su mano está la clave, puesto que los de Albert Rivera y los de Pablo Iglesias ya le han impuesto a Díaz una condición difícil de cumplir que pasa por echar a dos pesos pesados del PP-A: José Antonio Griñán y Manuel Chaves, imputados por el Tribunal Supremo en el marco del 'caso de los ERE's'.
Así que ahora, ha optado por jugar sus cartas. La principal preocupación de los 'populares' es no perder los gobiernos de las capitales andaluzas que obtuvo en 2012, y por ello ha lanzado su órdago a la actual presidenta de la Junta en funciones: el PP se abstendrá si en las próximas elecciones del 24 de mayo el PSOE permite que gobierne la lista más votada. Por el momento, la posición oficial del PP es un no, y Génova espera que así siga siendo. El director de comunicación, Pablo Casado, ha asegurado que espera que Moreno vote no, independientemente de las circunstancias. «Ahora que no pretenda que le salvamos la papeleta y que pacte con Podemos o Ciudadanos», ha espetado en una entrevista radiofónica en referencia a los apoyos que necesita Díaz para gobernar. Ferraz, por su parte, tampoco se ha mostrado partidario de este acuerdo. En boca de la secretaria de Política Municipal del PSOE, Adriana Lastra, ha recordado que los socialistas rechazan que gane la lista más votada y que son partidarios de los pactos. Así lo pusieron de manifiesto en 2012. «Lo que no podemos ahora es llegar a un tipo de acuerdo que lo que consiga sea aislar a los políticos de lo que nos está pidiendo la sociedad, que es lo contrario, que seamos capaces de llegar a acuerdos y de pactar, no solo con los ciudadanos, sino también con otras fuerzas, y a eso no vamos a renunciar», ha sentenciado Lastra.
Una investidura complicada
Aunque lo cierto es que el pacto con Podemos y Ciudadanos también se antoja complicado. Ambas formaciones, centradas en la misma estrategia, han condicionado su apoyo a la misma circunstancia: la inmediata salida de los expresidentes andaluces Griñán y Chaves del Senado y el Congreso respectivamente. Susana Díaz ya ha dajado clara su postura a este respecto: antes de tomar esta decisión escuchará lo que el Tribunal Supremo tenga que decir sobre la supuesta implicación de ambos dirigentes en los escándalos de corrupción que se están investigando en la región.
El PSOE, por su parte, ha apelado a la «responsabilidad» de todos los partidos y se ha mostrado «optimista». Pero lo cierto es que la investidura de Susana no está asegurada. Para ello tiene varios intentos. En el primero necesitará la mayoría absoluta, que no logrará. Pero sus esfuerzos están puestos en la segunda votación que se produciría 48 horas después. Para conseguir luz verde necesitará mayoría simple y aquí es donde entra en juego los acuerdos que pueda alcanzar con el resto de formaciones para que alguna al menos no vote en contra. Durante dos meses podrá realizar esta votación todas las veces que considere oportuno, pero si en este plazo no logra los apoyos necesarios, tendrá la obligación de volver a convocar elecciones.
¿Entonces?¿Quién cederá?
La situación no es fácil. Todos los partidos se la juegan con esta decisión de cara a los próximos comicios, tanto municipales y autonómicos, como generales. Si Ciudadanos o Podemos renuncian a su condición, es probable que sus votantes no se lo perdonen. Su estrategia ha sido presentarse ante la ciudadanía como el antídoto ante la «viaja política»; facilitar la investidura de una presidenta con imputados muy importantes en su partido supondría una violación en toda regla a sus principios. Si finalmente es el PP el que cede, no sería tampoco el mejor escenario para los socialistas. El acuerdo se vería como una alianza PP-PSOE, y el último damnificado sería el candidato socialista a las próximas elecciones generales. La teoría de la 'gran coalición' ganaría peso, y sin duda alguna, esa no es la mejor publicidad para el PSOE.
Los acuerdos propuestos por el PSOE
Aún así, por el momento, en San Telmo no cunde el pánico. Durante las reuniones, Susana Díaz ha planteado a los partidos cuatro bloques para el acuerdo, relativos a creación de empleo y crecimiento económico; a transparencia y regeneración democrática para los partidos y la administración, conscientes de que la «transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción»; a blindaje del estado del bienestar, y a una financiación autonómica ajustada a los intereses de Andalucía, según expuso este jueves Jiménez Barrios.
Delegaciones de los cinco partidos mantendrán reuniones de trabajo sobre dichos asuntos y plantearán sus aportaciones. Por parte del PSOE-A, formarán parte de la delegación Juan Cornejo y el portavoz parlamentario, Mario Jiménez; por parte del PP-A, la secretaria general, Dolores López, y el portavoz parlamentario, Carlos Rojas; por parte de Ciudadanos, serán «dirigentes nacionales», mientras que Podemos e IULV-CA aún no han dado a conocer a sus representantes en las negociaciones.