Con la misma inercia que la ‘marea blanca’ recorre las calles madrileñas contra la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales públicos, la ‘marea verde’ (la que defiende la Educación pública) acaba de entrar en su semana de protestas. Con vista al 9 de Mayo, día en el que está convocada una huelga nacional en todos los niveles educativos –desde infantil hasta la universidad-, este movimiento contra el «desmantelamiento de la educación pública» prepara encierros y manifestaciones por todo la Comunidad de Madrid.
Este martes 23 de abril, tendrá lugar un acto de IU ‘Por una escuela pública, laica y de calidad’ en el C.C. Villa de Móstoles a las 19 horas. Una hora antes, habrá una Asamblea en el Colegio José Luis Garci de Alcobendas. El miércoles 24 de abril se celebrará el ‘Día de la camiseta’. Desde la plataforma ‘marea verde’ informan a este diario que consiste en un acto que trata de visibilizar la defensa de la escuela pública, para ello «los profesores llevamos nuestra camiseta verde a clase». Ese mismo día a las 17.30 se celebrará en el Colegio Miguel de Unamuno de Arganzuela un acto sobre la LOCME (más conocida como la reforma educativa de Wert). Las actividades para informar de esta nueva ley se sucederán el jueves 25 en el Instituto Juana de Castilla de Moratalaz, el instituto Joaquín Rodrigo de Vicálvaro y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares. Tras los encierros del 25 de abril, al día siguiente los participantes harán una cadena humana para «abrazar» sus centros.
Desde el 25 al 27 de abril tendrán lugar encierros en todas las CCAA. Unos actos que llegan en un momento tenso dentro de la Comunidad de Madrid tras el trato dado la pasada semana a seis representantes sindicales de FETE-UGT y FREM-CCOO tras encerrarse en una de las sedes de la Consejería de Educación después de mantener una negociación sobre la elaboración del decreto que regulará las listas de profesores interinos. Una de las personas que se encerró, narró por email la protesta: «Por la mañana intentan hacernos llegar comida. Fuera, nuestr@s compañer@s están muy preocupad@s y nervios@s por nosotr@s. A raíz de este suceso, voy al baño y me dice uno de los guardias, el que nos tiene sitiados en este espacio, que a partir de ahora no podremos usar los servicios. En ese momento yo digo que quiero llamar a la Policía y al SUMMA. Rápidamente me abre la puerta otro de los guardias de seguridad y me dice que no me altere».
La ‘marea verde’ asegura que sus protestas no son contra el PP ni contra el PSOE sino por los recortes en Educación, la ley de Wert, la subida de las tasas de las matrículas universitarias, el endurecimiento del acceso a las becas y los despidos. Sin olvidar la retirada de la paga extra a los profesores y la bajada de sueldo, una medida común con todos los funcionarios de España. Desde el año 2010, el Ejecutivo (ambos, el de Zapatero y el de Rajoy) ha recortado más de 3.000 millones de euros en los presupuestos educativos.
La reforma educativa de Wert fue aprobada el pasado 21 de septiembre en Consejo de Ministros. Sus detractores critican que se redactó sin contar con la participación de la comunidad docente. Consideran que segrega a los estudiantes y aumenta la desigualdad de oportunidades al reducir las becas y exámenes. Esta ley elimina 4º de la ESO tal y como se conoce actualmente y pasa a ser un curso de iniciación con dos itinerarios, el profesional y el académico, es decir, Formación Profesional y Bachillerato.
Medidas clave de la Ley Wert
– El Sistema Educativo se convierte en cauce para conseguir un empleo.
– 4º de E.S.O. se convierte en un curso que marca el futuro. Se puede elegir dos itinerarios, el profesional y el académico. Hacia FP o hacia Bachillerato.
– Se reducen las optativas a favor de las asignaturas instrumentales, es decir, las útiles: Matemáticas, Lengua e idiomas.
– Se realizarán evaluaciones nacionales tras cada ciclo educativo para medir el rendimiento académico del alumnado.
– El Estado fijará el 65% del contenido si hay lengua cooficial, y la Comunidad Autónoma el 35%. En caso de que no haya lengua cooficial; el Estado fijará el 75% del contenido frente al 25% que fijará la autonomía.
– Se profesionalizará a los equipos de los centros para que cumplan con los objetivos de calidad que plantea el Gobierno.