El juez podría sentar en el banquillo a Urdangarín por cuatro delitos: malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. El yerno del Rey no sería juzgado por evasión fiscal porque lo supuestamente defraudado no superaría la cuota mínima de 120.000 euros que estableció el Código Penal en su reforma de 2003.
Las pruebas solicitadas por el juez José Castro han echado abajo la estrategia de Urdangarín de atribuir a su exsocio Diego Torres toda la responsabilidad en la gestión del Instituto Nóos, así como ha quedado probado que el yerno del Rey continuó vinculado a sus negocios después incluso de que la Casa del Rey le aconsejara que los abandonara en 2006.
Mientras tanto, Urdangarín lleva desde 2006 trabajando en Telefónica Internacional, empresa que le habría pagado la vivienda en Washington, los viajes privados a España y el colegio de sus hijos. La compañía no le va a mover del cargo de consejero porque, según estiman sus abogados, el yerno del Rey va a salir impune por la prescripción de delitos.
Los cuatro delitos que la investigación acredita para sentar en el banquillo al Duque de Palma son:
Fraude a la Administración. Sus convenios de colaboración con los Gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana no respetaban la normativa de contratación. Mediante estos convenios el Duque ingresó casi seis millones a través de Nóos, de los que una gran parte acabaron en empresas privadas de su propiedad o de su socio, Diego Torres. El fraude, según el sumario, consistiría en que Urdangarín y Torres cobraron con sus empresas dinero público a través de Nóos por servicios que no prestaron.
Prevaricación. El yerno del Rey, a través del Instituto Nóos, logró sin concurso previo varios encargos de las Administraciones Públicas por casi seis millones de euros en apenas dos años. Aunque el delito de prevaricación está pensado para la autoridad o funcionarios que dictaran una resolución injusta a sabiendas, también cabe atribuir ese delito a un particular que haya inducido a la prevaricación.
Malversación de caudales públicos. El Duque de Palma y su socio recibieron más de seis millones de euros de dinero público para organizar varios eventos a través de un instituto sin ánimo de lucro Según la investigación, el precio de los eventos no alcanzó ni la mitad de esos seis millones de euros recibidos. Anticorrupción asegura que las empresas privadas de Torres y Urdangarín se quedaron con la mitad de ese dinero público.
Falsedad documental. Urdangarín y Torres desviaron gran parte del dinero recibido para organizar eventos a través del Instituto Nóos a empresas privadas de su propiedad mediante facturas falsas con conceptos genéricos como “apoyo logístico” y similares. El juez acreditó que algunas no correspondían al servicio realizado y otras tenían fechas anteriores a la firma del contrato. La investigación también detectó la falsificación de firmas en la presentación de ofertas a un concurso para la promoción del equipo ciclista patrocinado por el Gobierno balear.