La resolución hace un repaso de las últimas resoluciones que ha dictado en las que avala este sistema, cuya legalidad es objeto de polémica tras haber sido cuestionado por el PP.
SITEL «convierte a los juzgados y tribunales en un punto débil, en una tierra de nadie en la que las garantías de seguridad e integridad del documento electrónico se degradan de forma insalvable, dice el voto particular.
Marchena y Maza están en desacuerdo con el criterio de la mayoría de la sala acerca de las garantías de autenticidad exigibles a los DVDs puestos a disposición del juez instructor por los agentes de policía, que contienen las conversaciones telefónicas de los imputados.
Según explican, las normas reguladoras del SITEL han diseñado un sistema de garantías en las relaciones entre las operadoras de telefonía y la policía, pero «todo ello se desmorona de forma incomprensible en el momento de la incorporación de las pruebas electrónicas generadas al proceso penal».
En su opinión, en ese instante los canales seguros dejan paso «a un incontrolado volcado de datos que, lejos de ser transmitidos por vía telemática, se presentan ante el juzgado de instrucción por un agente de policía que afirma haber seleccionado aquellos fragmentos que considera relevantes para la investigación».
Añaden que tal sistema de operar provoca que el secretario judicial, en su condición de fedatario, «se vea obligado a suscribir un acto de adveración a ciegas» ya que no puede dar fe de que el contenido de esos DVDs coincide con un original al que no tiene acceso.
«Retroceso de las garantías constitucionales»
A su juicio, la atribución de eficacia probatoria a esos DVDs «supone un retroceso respecto del estado actual de las garantías constitucionales».
Los magistrados estiman que el DVD aportado por los agentes no puede gozar de una autenticidad «irrazonablemente aventajada» frente al DVD en el que se contienen, por ejemplo, escrituras públicas y está custodiado por un notario.
Por ello, proponen que inmediatamente después de efectuado el proceso de grabación se active una certificación que garantice que desde el momento en que culminó el proceso de transferencia de archivos hasta su recepción por el juzgado el disco no ha sido abierto.
Los magistrados ponen como ejemplo las garantías que el Ministerio de Justicia ha impuesto en el diseño de la remozada Oficina Judicial o en la creación del nuevo registro electrónico y las exigencias que el Ministerio de Hacienda define a la hora de aceptar las declaraciones tributarias por vía telemática.
«Carece de sentido» que esas garantías «se difuminen hasta desaparecer cuando de lo que se trata es de ofrecer al juez de instrucción unos DVDs que contienen cientos de horas de conversaciones telefónicas que, en la mayoría de los casos, se convierten en el respaldo decisivo de una condena, concluyen.