Desde el pasado 1 de enero, las plataformas especializadas en compraventa de segunda mano como Vinted, Wallapop o eBay, entre otras, han ajustado su funcionamiento a los requerimientos de la Directiva Europea DAC7.
La nueva norma implica un mayor control sobre la actividad que se lleva a cabo en estas plataformas, a fin de informar a Hacienda sobre las prácticas realizadas por ciertos usuarios.
Más allá de quienes compran y venden artículos de segunda mano, apps como Vinted o Wallapop se han convertido en un medio de venta para quienes ejercen una actividad profesional, muchas veces sin declarar.
Lo que se busca con la nueva norma es que, aquellos que utilizan estos canales como un medio para realizar ventas a nivel profesional, paguen los impuestos correspondientes.
La Directiva DAC7
La Directiva 2021/514 o Directiva DAC7 está centrada en la cooperación administrativa dentro del ámbito fiscal. En base a ella, las plataformas digitales tienen ahora la obligación de recopilar, verificar, actualizar y comunicar a Hacienda los datos relativos a las operaciones que llevan a cabo los vendedores que ofrecen productos o servicios a través de ellas.
Desde el 1 de enero de 2023, existe la obligación de recopilar estos datos, pero es con la llegada del 1 de enero de 2024 cuando surge la obligación de comunicar esa información a los autoridades fiscales de cada país dentro de la Unión Europea.
A estos efectos, es indiferente si los vendedores que operan a través de estas plataformas residen o no en el territorio de la Unión, porque la información relativa a las ganancias que han obtenido con sus ventas se va a registrar.
Los datos que se recopilan son: nombre e identificación (nombre completo o razón fiscal, dirección, NIF y NIF/IVA); datos bancarios; total de dinero obtenido con las transacciones realizadas cada trimestre; número de ventas llevadas a cabo en el trimestre; tasas, impuestos o comisiones que se hayan retenido o cobrado.
Remitir los datos de todas las operaciones realizadas sería inviable, de ahí que se hayan establecido unos límites. Los datos solo se comunican a la autoridad fiscal correspondiente si el vendedor reside en la Unión Europea y si dentro del año natural ha obtenido una cifra igual o superior a 2.000 euros por las ventas (descontadas comisiones o impuestos). Pero también si ha realizado más de 30 ventas a través de la plataforma, con independencia de lo que haya ganado con estas transacciones.
Cambios para los usuarios
A fin de que las plataformas puedan cumplir con la obligación que les impone la Directiva europea, los usuarios de estos servicios tienen que rellenar un formulario con su información legal. En caso de no hacerlo en un plazo de 60 días naturales, se bloquea el acceso a la cuenta.
En el supuesto concreto de AirBnb, que también está afectada por esta medida, si los anfitriones no aportan los datos requeridos, la plataforma puede congelar los pagos y bloquear los calendarios.
En realidad, el cambio no afecta tanto a los usuarios, que deben limitarse a aportar su información personal, como a las plataformas. Que ahora deben registrar la información y remitirla puntualmente a Hacienda. En caso de no hacerlo, pueden ser sancionadas.
Para aquellos que utilizan este tipo de plataformas sin fines comerciales, tan solo para vender de forma ocasional algún producto de segunda mano, este cambio no es significativo. Pero para quienes emplean estos canales para hacer ventas profesionales es fundamental cumplir con la obligación de aportar su información, o perderán el acceso a su cuenta.