Las empresas públicas han sido las protagonistas del Consejo de Ministros de esta semana. Una vez más, el Gobierno ha sacado la tijera con la vista puesta en la retribuciones de los directivos y responsables del sector público empresarial. Así, ha aprobado una reducción de las retribuciones fijas de los directivos y altos cargos que oscila entre el 25% y el 30%, mientras que en las empresas pequeñas la rebaja del sueldo será aún mayor: de entre el 30% y el 35%.
Con este ‘tijeretazo’, el sueldo de un responsable del SEPI, la sociedad estatal de participaciones industriales, cobrará un 22% menos de lo que se embolsa ahora. El consejero delegado de Navantia, verá reducido su sueldo en un 28% y el de Unosa lo hará en un 23%.
La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría ha explicado que, con este Real Decreto, se fijan los sueldos básicos en tres categorías: las grandes empresas, con una retribución máxima de 105.000 euros, las de tamañ medio, cuyo sueldo máximo se fija en 80.000 euros, y las pequeñas, que se quedan en los 55.000 euros.
Sobre esas retribuciones, habrá un complemento de puesto «limitado» por el ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda. Es decir, que no cobrará «lo mismo» el consejero delegado que un empleado con menos responsabilidad.
Del mismo modo, habrá plus según la consecución de objetivos que también estará regulado por el ministerio del que Cristóbal Montoro es titular.
Otra de las medidas que atañen a este recorte es, según ha indicado Sáenz de Santamaría, que desaparecen las retribuciones «en especie» que rebasen la cantidades estipuladas en el Real Decreto. Esto es, que no podrán aceptar viviendas, coches o cualquier otro artículo que supere el sueldo fijo.
«Las cantidades no pueden rebasarse con ningún otro tipo de retribuciones», ha aseverado portavoz quien define el Real Decreto como «un paso más» en la política de austeridad y de contención del gasto.
Soraya Saénz de Santamaría ha defendido estos nuevos sueldos de los directivos de las empresas públicas como «razonables y sensiblemente inferiores a los de las empresas privadas».
Supresión de un centenar de consejeros
Siguiendo la política de austeridad en la que se basa el texto aprobado por el Consejo de Ministros, y también se reduce en, «al menos un centenar», el número de consejeros en los Consejos de Administración de las empresas públicas. Así, en las de mayor tamaño, se fija el máximo de 15, en las medianas, el tope es 12, y en las de menor envergadura el número de consejeros no podrá exceder los 9. Como ejemplo, la vicepresidenta ha puesto a Tragsa que en la actualidad tiene 22 consejeros y se quedaría con 15.
No obstante, el Gobierno aún no ha cuantificado el ahorro total que supone esta medida para las arcas del Estado. Aunque Sáenz de Santamaría ha indicado que la cantidad será «bastante elevada». Lo que sí ha concretado es que, con la reducción del número de consejeros, sólo en dietas se ahorrará un millón de euros.
Sobre el adelgazamiento del sector público del país, la portavoz ha asegurado que en «pocas semanas», el Consejo de Ministros tratará el tema y «algunas empresas permanecerán, otras se fusionarán y otras pueden pasar al sector privado».
Cristina Rodríguez