Lunes 23.07.2018

La odisea de los periodistas profesores en España

Estas últimas semanas, en Madrid, miles de opositores a profesores de Secundaria de Lengua Castellana y Literatura hemos aguardado con ansiedad la publicación de las calificaciones de la primera prueba, desarrollada el pasado sábado 23 de junio. En 2018 el proceso se ha retrasado más que en anteriores convocatorias, debido a que ha aumentado el número de opositores y, paradójicamente, ha disminuido el de tribunales. Por tanto, la habitual ansiedad se ha incrementado. Solo los afortunados que aprobaran la primera prueba podrán presentarse a la segunda. Sin embargo, una gran mayoría de ellos, aprobados o suspendidos, podrán trabajar como interinos en el curso 2018-2019.

La demanda de trabajo es tan alta en este ámbito que cada curso las listas de interinos se acaban en varias especialidades –entre ellas, Lengua Castellana y Literatura– y en varias comunidades autónomas, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Fuimos muchos los que en abril de este año recibimos un correo de la CAM en el que se nos ofrecía trabajar como interinos sin habernos presentado aún al proceso de oposiciones, solo por el mero hecho de habernos matriculado en él. Había dos exigencias: estar en posesión del Máster en Formación del Profesorado (antiguo CAP) y contar con la especialidad requerida.

Al respecto de la segunda exigencia, existe una polémica en España desde hace varios años que afecta a cientos de personas, entre las cuales me hallo. Se trata de los periodistas que, hasta 2010, estaban habilitados para impartir clases de Lengua Castellana y Literatura tanto en centros privados y concertados como en centros públicos –en estos últimos, después de presentarse al proceso de oposiciones–. Un Real Decreto aprobado por el Gobierno en 2010 y modificado parcialmente en 2015 determinó que, legalmente, los licenciados y graduados en Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual no pueden ser profesores de Lengua y Literatura.

Puedo entender esta decisión hasta cierto punto, así como el fervor de los filólogos por evitar lo que consideran “intrusismo laboral” por parte de los profesionales de la comunicación. Argumentan que un periodista que acaba de salir de la carrera, por mucho que curse el Máster de Profesorado, no está preparado para formar a alumnos en la materia de Lengua y Literatura. Sin embargo, a partir de este punto se presentan varias cuestiones que han de tenerse en cuenta:

En primer lugar, desde universidades públicas y privadas se ha permitido durante años a los periodistas cursar el Máster en Formación del Profesorado incluso después de publicarse la polémica ley, sin ofrecer información adecuada a los alumnos. Es decir, se nos ha permitido cursar un máster que no nos habilita para ejercer la profesión.

En segundo lugar, la ley se cumple de forma desigual en las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, en Cataluña no les afecta: los periodistas pueden dar clase de Lengua y Literatura mientras tengan el Máster. En Cantabria, se hace la vista gorda en muchos casos. Andalucía y Madrid son las comunidades más afectadas.

No hay que olvidar tampoco la paradoja de que los periodistas somos acusados de “intrusistas” cuando nuestra profesión es la menos estricta a la hora de exigir titulaciones. Son muchas las personas que trabajan o colaboran en los medios de comunicación sin haber estudiado Periodismo y a nadie se le ocurriría poner en tela de juicio sus capacidades. ¿Es menos importante el periodismo que la enseñanza en nuestra sociedad? No lo creo: ambos son igualmente necesarios para formar ciudadanos libres y favorecer la democracia.

Por último, reivindico la necesidad urgente de atender cada caso de forma particular. Puedo aceptar que un periodista con el CAP o el Máster en Formación del Profesorado deba formarse más en el área de filología, pero tampoco ofrecen la oportunidad de completar determinados créditos en la especialidad, sino que se exige la carrera completa. En mi caso concreto, además de la Licenciatura en Periodismo y el Máster en Formación del Profesorado, poseo un Máster en Literatura Española, soy Doctora Cum Laude en la misma materia y constan en mi currículo dos años del Grado en Lengua y Literatura Española –el grado completo ocupa cuatro años–. Sin embargo, no se me permite dar clase en centros concertados ni privados y, para acceder a la lista de interinos de los públicos, necesito aprobar las oposiciones. En conclusión: un licenciado o graduado en Filología que posea el Máster del Profesorado y saque un 1 en las oposiciones está habilitado para dar clase, mientras que una persona con mi expediente no puede hacerlo si obtiene una calificación de algunas centésimas por debajo del 5. ¿Realmente tiene sentido?

Estas y otras cuestiones –como el daño causado a las personas que tenían su puesto de trabajo y han sido despedidas– defienden en su lucha la plataforma Periodistas Vetados en Educación, que, con el apoyo del Colegio de Periodistas de Andalucía y de la FAPE, han conseguido reunirse con representantes del Ministerio de Educación y que los principales medios de comunicación españoles se hagan eco de su odisea. Sin embargo, hasta la fecha, la situación continúa sin resolverse.

Marina Casado

marinacasado.com

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