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Investigación

Triple A: el conflicto entre el Canal de Isabel II y Colombia que revela las redes del poder costeño

La periodista colombiana Laura Ardila Arrieta, autora de La Costa Nostra, expuso los vínculos entre contratistas y el clan Char. Estas conexiones ayudan a entender cómo K-Yena S.A.S. compró la Triple A por debajo de su valor. Ardila se exilió tras publicar el libro
Libro La Costa Nostra de Laura Ardila Arrieta
Libro La Costa Nostra de Laura Ardila Arrieta

En La Costa Nostra, la periodista Laura Ardila Arrieta, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023, documentó cómo el clan Char, una de las familias políticas más poderosas de Colombia, consolidó su influencia en la región Caribe mediante alianzas con contratistas, control de medios locales y un entramado clientelista que ha permeado la administración pública.

El libro, resultado de años de investigación, entrevistas y seguimiento periodístico en Barranquilla, describe un sistema donde los límites entre lo público y lo privado se diluyen en beneficio de una élite político-empresarial. La publicación provocó amenazas contra la autora, quien tuvo que exiliarse temporalmente fuera de Colombia por razones de seguridad. Inicialmente vetado por una editorial comercial, el libro fue publicado por Rey Naranjo Editores y se ha convertido en una referencia para entender el poder regional en Colombia.

Triple A: una venta bajo sospecha

En 2021, el Estado colombiano vendió el 82,16 % de las acciones de Triple A, empresa de servicios públicos de Barranquilla, a K-Yena S.A.S. por 131 millones de euros (565.000 millones de pesos). Esta operación ignoró la tasación oficial de la Superintendencia de Servicios Públicos, que había estimado su valor en 442 millones de euros (1,9 billones de pesos).

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) fue la entidad encargada de la adjudicación. Aunque se alegó que el proceso cumplía con los requisitos legales, no se ofreció una justificación clara sobre la diferencia de más de 300 millones de euros entre la valoración oficial y el precio de venta.

¿Quién controla K-Yena S.A.S.?

K-Yena S.A.S. es una sociedad de economía mixta. El 65 % pertenece al Distrito de Barranquilla. El 35 % restante está en manos privadas, a través de Barranquilla Capital de Luz S.A.S..

Esta última incluye como accionistas a:

  • William Vélez, contratista de alcance nacional, dueño de Interaseo y otras firmas que operan servicios públicos.
  • Christian y José Manuel Daes, empresarios del grupo Tecnoglass, vinculados a múltiples contratos en la región.

Según medios locales y portales de investigación, estos empresarios han tenido relaciones cercanas con los gobiernos locales liderados por miembros del clan Char o sus aliados.

Las conexiones descritas en La Costa Nostra

Aunque La Costa Nostra no menciona directamente la venta de Triple A, sí describe con precisión el funcionamiento de un sistema donde la contratación pública favorece a un grupo reducido de empresarios afines al poder político.

Ardila señala a los Daes y a William Vélez como protagonistas habituales en obras de infraestructura, empresas mixtas y asociaciones público-privadas que operan sin competencia real. El modelo descrito coincide con el contexto en el que se realizó la venta de Triple A.

La respuesta del Canal de Isabel II: demanda internacional

La expropiación del paquete accionario —que pertenecía a la sociedad española Inassa, filial del Canal de Isabel II— derivó en una demanda formal ante el CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial).

En enero de 2023, el Canal, a través de su filial Canal Extensia S.A.U., acusó al Estado colombiano de violar el Tratado Bilateral de Inversiones entre España y Colombia, al haber expropiado su filial sin compensación justa.

El proceso sigue abierto. Colombia aún no ha hecho públicos los argumentos de su defensa. Si el tribunal falla a favor del Canal, el Estado colombiano podría verse obligado a pagar una indemnización millonaria.

La estructura descrita en La Costa Nostra ayuda a entender cómo una empresa estratégica cambió de manos, con condiciones económicas cuestionables y sin debate público suficiente.

La justicia internacional estudia el caso. Mientras tanto, una periodista se vio obligada a abandonar su país por contar una historia que muchos prefieren mantener oculta.