El único apoyo para estas personas o sus seres cercanos, que están pendientes de tener una capacidad legal de tutela reconocida por un juzgado que no saben cuándo volverá a estar en marcha, son entidades como Som Fundació, que se ocupa de velar por los derechos de estas personas.
El representante de las entidades tutelares en Dincat y director-gerente de Som Fundació, Josep Tresserras, ha explicado que su misión es que las personas con discapacidad dispongan de las ayudas y apoyos necesarios para poder desarrollar su proyecto personal a lo largo de su vida.
Otro perfil es el de las personas que a lo largo de su vida, por enfermedades como el alzhéimer o un accidente con afectación craneoencefálica, ven modificada su capacidad judicialmente de forma sobrevenida.
Uno de los casos de los que se ocupa Som Fundació, explica Tresserras, es el de Cecilia, una persona que no puede contar con la familia que vive en Madrid y que acaba de perder a su madre y no tiene por ahora recursos porque no se han podido hacer los trámites en el juzgado para la recepción de la herencia.
Por ahora, la entidad ha avanzado el dinero para una residencia privada y cuando Cecilia pueda pagarlo recuperarán el dinero adelantado.
«Pero claro, nosotros legalmente estamos cubriendo algo sin permiso judicial y todo porque no se está priorizando o gestionando de forma telemática de forma generalizada este tipo de trámites para personas vulnerables como Cecilia», afirma Tresserras.
La entidad, en representación de más de 600 personas tuteladas, pide al Consejo General del Poder Judicial que acelere los procedimientos pendientes en estos casos que afectan de forma tan clara «a la vida de las personas».
Reclaman que, si es necesario, se contrate a nuevos jueces para aligerar el embudo, teniendo en cuenta la acumulación que ya existía antes de la COVID y ahora solo ha empeorado.
El representante de Som Fundació ha llamado también la atención sobre el hecho que sea decisión personal de cada juez llevar a cabo trámites por vía telemática, una vía que podría facilitar en gran medida estos casos que no pueden esperar.
En esa circunstancia, «desesperado» por poder resolver la situación de sus hermanos, ambos con la capacidad jurídica modificada, se encuentra Josep Maria, que teme que le pase algo a sus hermanos y nadie pueda firmar nada porque ahora mismo no tienen tutor.
«¿Qué pasará si necesitan una transfusión de sangre, por ejemplo?», se ha preguntado preocupado por el futuro de sus hermanos, que deberían cambiar de residencia pero ahora mismo no sabe cómo proceder sin la capacidad jurídica para tomar esa decisión.
Igualmente, con grandes problemas de «ansiedad» por la complicada situación que atraviesa se encuentra Miquel, padre de Víctor, un hijo con discapacidad de quien solo Miquel se puede ocupar, lo que le causa gran angustia, pues si algo le pasara por el coronavirus Som Fundació todavía no podría hacerse cargo oficialmente del caso porque el proceso de tomar cargo tutelar ha quedado suspendido por la pandemia.
«Si ya es angustiante para cualquiera el coronavirus, contagiarse, que te pase algo… imagínate yo, que sé que si me pasa algo mi hijo se queda solo, sin nadie a su cargo», ha denunciado.
«Nosotros no vamos a salir del estado de alarma hasta que no se resuelva nuestra situación. Tengo mucho miedo», ha añadido el padre de Víctor, de 28 años, al que acaba de poder ver durante escasa media hora, con distancia de seguridad y mascarilla, después de tres meses muy «duros» en los que solo eran posibles las videollamadas.
Som Fundació ha pedido que se lleve a cabo el trámite de cargo de nueva tutela de forma telemática, pero el juzgado de Sabadell (Barcelona) que lleva el caso se lo ha negado.
La entidad ha destacado que este caso muestra «la situación tan extrema que viven las familias monoparentales y la situación de angustia que les ocasiona no saber qué pasará con sus familiares cuando ellas ya no puedan».
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