En el transcurso de unos pocos días, 16 narcotraficantes detenidos durante dos operaciones en las que se incautaron 22 toneladas de droga han sido puestos en libertad en España. No porque hayan fallado las pruebas en su contra. No porque se haya probado su inocencia tras una investigación judicial o un juicio justo. Nada de eso. Simplemente, porque España no es competente para juzgarles. Ya no. Y no lo es porque el Gobierno y el Partido Popular han decidido que ya no lo sea. Bienvenidos a España, paraíso de la impunidad.
Tras la última reforma judicial del Gobierno, la justicia universal es historia en España. Y ese atropello es intolerable en el fondo, pero también en las formas.
Bienvenidos a España, paraíso de la impunidad
En lo tocante a estas últimas, el Partido Popular ha acometido una reforma exprés que ha impedido cualquier tipo de debate sobre la misma. Hasta el punto que ha hurtado que dictaminaran sobre ella órganos directamente concernidos por los cambios adoptados, como el Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, órganos que podrían haber evitado los errores, lagunas y vías de agua que estamos empezando a padecer.
Pero el PP lo impidió porque quiso cerrar a toda prisa causas judiciales que le resultaban incómodas, especialmente la relacionada con la persecución de dirigentes chinos por el genocidio en el Tíbet. Tampoco es que el PP ocultara sus intenciones. Baste recordar cómo se despachó Alfonso Alonso contra la justicia universal: “promete mucho, pero no consigue más que conflictos diplomáticos”.
Aunque lo fundamental es el fondo. Con esta reforma, como explicaba un catedrático de Derecho Internacional estos días, los crímenes de guerra, contra la humanidad y el genocidio, los más graves en derecho humanitario, son los que ven más restringida su persecución con la nueva ley. Pero también se llevará por delante la persecución judicial contra el narcotráfico, lacra cuyas devastadoras consecuencias son de todos conocidas.
El PP aísla así a la Justicia española del mundo que nos rodea, ordenándole que desconozca lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Si se violan derechos humanos, no es nuestro problema. Si se comercia con drogas frente a nuestras costas, haga usted la vista gorda. En la peor tradición patria, si antes fue el que inventen otros, ahora el Gobierno popular se lava las manos e invita a que también juzguen otros.
Esta reforma nos avergüenza, encoge un poco más nuestro papel en el mundo
Nadie pide que nuestra Justicia, o la Justicia de cualquier otro estado, actúe de manera unilateral e ilimitada. Es cierto que existe el Tribunal Penal Internacional y que este debe ir expandiendo su ámbito de actuación para reducir los espacios de impunidad a nivel global. Pero mientras esa realidad no llega, si hay un camino que no debe andarse es precisamente el tomado por el actual Gobierno español, el de la supresión de la capacidad de nuestra Justicia para perseguir crímenes más allá de nuestras fronteras, negándole a sus víctimas la justicia que no logran en sus propios tribunales.
Esta reforma nos avergüenza, encoge un poco más nuestro papel en el mundo y nos resta credibilidad y prestigio internacional. Máxime en un momento como el actual en el que España está en el ojo del huracán ante las reticencias a extraditar a Argentina a personas acusadas de someter a tortura a detenidos en las cárceles franquistas.
En cuanto a los narcotraficantes, la vergüenza no termina con los 16 liberados. En los últimos meses hasta cinco barcos con 75 toneladas de droga han sido interceptados en aguas internacionales próximas a nuestro país. Varias decenas de detenidos podrían beneficiarse de los cambios legislativos del PP, que ha abierto una vía de agua en la lucha antidroga de impredecibles consecuencias.
Queremos a los narcos fuera, sí. Pero fuera de las calles, no de las garras de la justicia.
José Blanco