La crisis producida por las presuntas revelaciones sobre dirigentes del PP que provienen de una serie de apuntes contables supuestamente elaborados por el extesorero del PP, ha recorrido casi todos los pasos que este tipo de convulsiones suelen provocar, y se encuentra ya en la fase en la que han de intervenir los jueces, ya sea para tomar declaración y profundizar en las correspondientes investigaciones o para citar a los medios de comunicación que se han hecho eco de las informaciones que han circulado con avidez por las redacciones, tal y como se desprende de las más que diáfanas declaraciones del portavoz del PP.
El caso es que la confusión siempre se presenta en esta fase procesal y les cuesta dirimir con claridad, y celeridad, a quienes corresponde la responsabilidad de esclarecer la situación, cuáles son las verdaderas culpas y los delitos cometidos, ya que al tratarse de políticos en pleno ejercicio de su responsabilidad se van superponiendo de forma contradictoria los controles defensivos del aparato del estado y la habitual presunción de culpabilidad, tan frecuente cuando se trata de cargos públicos.
La estrategia del linchamiento suele ir acompañada de querellas y cuando se resuelven los primeros momentos de irritación y de sorpresa, jueces y fiscales actúan dentro de los márgenes que la legislación actual permite. En este contexto sí que es novedosa la actuación de la Agencia Tributaria cortando el pretendido acogimiento de Bárcenas a la amnistía fiscal, y la extraña ceremonia de supuesta filtración, primero, y de protección fraternal después que está manteniendo el extesorero con el partido al que ya no pertenece.
Editorial Estrella